Los cambios de la Ley Ómnibus pusieron de manifiesto los límites y debilidades del Gobierno

La palabra “negociar” no figura en el diccionario del presidente Javier Milei, pero sí en la realidad política de la Argentina, sobre todo si la Casa Rosada está flaca de votos en el Congreso para sacar las leyes que cree necesarias para gobernar, como la Ley Ómnibus.

A este baño de realidad tuvo que someterse el mandatario para intentar darle media sanción en la Cámara de Diputados, antes de que termine enero, a esa ley que es casi fundacional para el Gobierno.

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Le podrán poner la palabra que quieran, pero lo que se terminó haciendo es negociar con los diputados “dialoguistas” de la oposición, identificados con el PRO, el radicalismo (con sus divisiones) y Hacemos Coalición Federal, dónde jugaron un papel fundamental Miguel Ángel Pichetto, Florencio Randazzo, Emilio Monzó y Maximiliano Ferraro.

El caso de los radicales es muy particular. Su Convención Nacional rechazó el viernes por la noche la Ley Ómnibus, mientras sus diputados negociaban los cambios.

En realidad, el horizonte era el mismo: cuestionar las facultades delegadas al presidente -que se bajarán de 4 a 2 años (1 + 1 de prórroga)-, la derogación de la fórmula para el aumento de los jubilados, la suba de las retenciones para las economías regionales, privatizaciones y cambios en el régimen electoral.

La mayoría de estos temas formaron parte de la negociación que todavía continúa, como que YPF quede afuera de las privatizaciones o llevar a cero a esas retenciones.

Pero quizás el empujón definitivo que obligó a Milei a autorizar una negociación lo dio el grupo de los diez gobernadores de la oposición dialoguista. No estaban dispuestos a darle los votos para sacar la ley tal como la quería el propio Presidente.

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Todo lo ocurrido llevó a Milei a prorrogar el período de sesiones extraordinarias del Congreso -que vencía a fin de enero- hasta el 15 de febrero, para permitir que el proyecto se convierta en ley en el Senado. Aunque está claro que ese no será un camino fácil. El poder del peronismo y de Cristina Kirchner se harán sentir a la hora de conseguir votos para sesionar y aprobarla en el recinto.

Está claro que la última palabra sobre el proyecto que irá al plenario de comisiones de Diputados para su aprobación, el lunes o martes, será la de Milei.

El Presidente se recluyó en la residencia de Olivos desde que volvió de Davos para analizar con sus más estrechos colaboradores hasta dónde está dispuesto a ceder, sin que se modifique la columna vertebral de su ideario liberal.

Mientras estaba en Suiza con su hermana Karina, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolas Posse, en Buenos Aires la negociación la encabezaron el jefe de la cartera de Interior, Guillermo Francos, y el asesor principal Santiago Caputo, quienes no dejaron ni un minuto en soledad al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un debutante en sus funciones.

El jueves es, en principio, el día elegido para llevar al recinto de Diputados el proyecto. Por ahora, no cuenta con fuerza la idea de los libertarios más duros de tratarla el miércoles, el mismo día del paro de 12 horas con movilización al Congreso de la CGT. Sería una provocación con consecuencias inimaginables.

Uno de los secretarios generales de la central obrera, Héctor Daer, ya advirtió que “los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Central”.

Los jefes de la CGT se juegan mucho y aseguraron el apoyo de centrales sindicales como la CTA, los gobernadores e intendentes peronistas, las organizaciones sociales que estuvieron junto a presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo.

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Su jefa, Cristina Kirchner, por ahora permanece en segundo plano a la espera que se debilite la Ley Ómnibus, con los cambios que se introduzcan, cambie el clima social y la Justicia detenga el Decreto de Necesidad y Urgencia a través de la Corte Suprema.

Por lo pronto, la tan anunciada Reforma Laboral de Milei está suspendida por la Justicia, que hizo lugar a los amparos de la CGT y la CTA. La Corte será la que defina, aunque la pelea futura por otros DNU está abierta.

El ministro Francos le dijo a TN que el Gobierno va a seguir redactando DNU si se traban las leyes que quiere. Una jugada arriesgada si no terminan por entender los tiempos de la Justicia argentina.