El Ejecutivo nacional y los representantes del servicio de practicaje llegaron a un entendimiento que contempla una reducción del 20% en las tarifas y la suspensión del decreto de desregulación, en el marco de una mesa de trabajo.
El Gobierno nacional y los representantes del sector de practicaje alcanzaron un acuerdo para destrabar el conflicto que mantenía paralizados los puertos argentinos. Según el comunicado oficial, el entendimiento contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación de buques.
El Ejecutivo precisó que se resolvió suspender la aplicación del Decreto 690/2026 y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad. La coordinación de esta instancia estará a cargo del propio Ejecutivo, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes.
De acuerdo con el texto oficial, los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo. La medida busca poner fin a una de las mayores interrupciones en la operatoria portuaria reciente, que afectó la circulación de buques y la cadena exportadora en los principales puertos del país.
El conflicto se había desencadenado el sábado 1° de agosto, tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje vigente desde 1991: creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina (PNA), habilitó a los usuarios a elegir libremente prestadores y eliminó barreras de ingreso para nuevos operadores. También asignó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obligó a publicar precios.
Solo este martes, más de 45 barcos se sumaron al polo exportador del Gran Rosario a la espera de los servicios de practicaje, que se agregaron a los 140 registrados el lunes. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), advirtió que si la situación no se resolvía durante la jornada, podrían sumarse otros 30. También alertó sobre el riesgo reputacional para la Argentina como proveedor global, ya que el país podría quedar catalogado como inseguro para el cumplimiento de contratos de exportación.
El impacto del paro también afectó al sector energético. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas en muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, puntos desde los que se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país. Entre las operaciones suspendidas figuró la del buque White Marlin, que debía intervenir en tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).
Antes del acuerdo, la PNA había ordenado por edicto el retorno inmediato a la actividad de los profesionales incluidos en un anexo oficial, con advertencia de sanciones disciplinarias y denuncias penales. El vocero presidencial Adrián Ravier defendió la reforma al sostener que el objetivo era “bajar el costo argentino” mediante competencia, y aseguró que “habrá castigos” para los responsables del paro. Los datos del Ministerio de Desregulación indicaban que el practicaje argentino se encuentra entre los más caros del mundo: para un buque Panamax, la tarifa en el Río de la Plata más Puerto Buenos Aires asciende a USD 16.903, más del triple que en Gdańsk, Polonia (USD 4.729), o Everglades, Florida (USD 4.476).
Con el acuerdo anunciado este martes, la mesa de trabajo quedó formalmente constituida para revisar los alcances del Decreto 690/2026, mientras los prácticos retoman sus funciones en los puertos del país.