Ley Ómnibus: vuelve a tensarse la negociación en Diputados, entre amenazas de dictamen y reclamos por cambios

La discusión por la Ley Ómnibus volvió a tensarse en Diputados. El Ejecutivo reenvió el proyecto a la Cámara Baja, con parte de las modificaciones que reclamaba una parte de la oposición como condición para acompañar. El oficialismo buscaba convocar al plenario de comisiones para tener un dictamen en las próximas horas. Pero en los bloques “dialoguistas” insisten con cambios que hasta ahora el Gobierno no aceptó y crecen las chances de que al menos un sector termine firmando su propio dictamen, algo que podría complicar seriamente más tarde el escenario en el recinto.

El jueves de la semana pasada, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, le habían prometido a los jefes de casi todos los bloques, con excepción de Unión por la Patria, que finalmente aceptarían modificaciones. Este lunes, esos cambios llegaron formalmente al Congreso.

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Como se recuerda cada vez que se analiza la posibilidad de que el paquete de reformas logre en algún momento un dictamen y una media sanción, La Libertad Avanza tiene 37 diputados propios. Con satélites y aliados, esos números pueden estirarse hasta unos 45 diputados. Es decir, necesita sí o sí del apoyo de alrededor de 90 diputados para garantizarse el quorum de 129 diputados sentados en sus bancas.

Los 102 miembros de UxP y los 5 del Frente de Izquierda ya adelantaron su rechazo. De modo que esos apoyos deben salir del PRO (37), UCR (34), Hacemos Coalición Federal (23) e Innovación Federal (9). En las últimas horas, todas estas bancadas volvieron a reunir a sus propios miembros, de forma presencial o virtual, y aceleraron las conversaciones con los jefes parlamentarios de los otros espacios.

De hecho, la UCR, HCF (que comanda Miguel Pichetto, integran dirigentes como Emilio Monzó y Nicolás Massot, además de la Coalición Cívica y el peronismo no kirchnerista de Florencio Randazzo y el PJ cordobés) e Innovación Federal (legisladores ligados a gobernadores de fuerzas provinciales) seguían sosteniendo la posibilidad de firmar un dictamen propio, que venían trabajando coordinadamente desde la semana pasada.

“Hay voluntad de acompañar, de dar herramientas para gobernar, y la intención es llegar a un acuerdo global, que puede avanzar con alguna disidencia. Haya o no dictamen de acuerdo, lo que no nos guste votaremos en contra, y eso supondría que se caiga en el recinto. Esto dejó de ser una Ley Ómnibus, va a salir una ley de emergencia”, advertían en HCF.

El PRO también reunió a sus miembros en la noche del lunes para analizar punto por punto la nueva versión del proyecto. Aunque persistían las diferencias y algunos diputados observaban con irritación que el oficialismo no solo realizó modificaciones, sino que incluyó “desprolijamente” artículos nuevos en temas diversos, pero sin disminuir su apuro por aprobar la ley-, en la bancada amarilla trasmitían voluntad de acompañar un dictamen oficialista, aunque en disidencia parcial.

En la UCR había bien entrada la noche del lunes posiciones encontradas: estaban quienes proponían avanzar sin demoras en el armado de un dictamen con HCF y quienes se inclinaban por avanzar, como pensaban en el PRO, con apoyar, en disidencia, un dictamen libertario.

El problema de los múltiples dictámenes

No es una discusión menor el del número de dictámenes. Como se informó, las tres comisiones que tratan el paquete de reformas están integradas por 115 diputados, alguno de los cuales se repiten como miembros más de una comisión.

Entre Unión por la Patria y la Izquierda podrían sumar 47 firmas para un dictamen de rechazo. Que sea el dictamen de mayoría depende de si el oficialismo logra o no alinear al resto de las firmas detrás del suyo.

Si La Libertad Avanza y el PRO firmaran un dictamen, y la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal firmaran otro, entonces el dictamen de mayoría sería el del kirchnerismo y se trataría primero en el recinto; el segundo con más firmas sería el oficialista y el tercero el de parte de la oposición dialoguista.

El problema llegaría luego en el recinto, donde no está claro qué proyecto podría tener los votos para prosperar, en una sesión -probablemente caótica- que supondría riesgo de derrota para el Ejecutivo, pero también traería alto peligro de fragmentación para las bancadas opositoras, sin garantías de que por ejemplo todo el PRO o la UCR vaya a votar sin fracturas.

La oposición sigue proponiendo cambios: retenciones y jubilaciones

El tema retenciones se plantó finalmente como el tema más problemático para cerrar la negociación por el paquete de reformas. El Ejecutivo aceptó un 0% de derechos de exportación para un número importante de economías regionales, como exigían los bloques opositores -incluido el PRO-, pero mantiene la suba del 31% al 33% para los subproductos de la soja (que pasa a pagar lo mismo que poroto sin procesar), del 15% para bienes industriales.

En las bancadas dialoguistas, donde el peso de los gobernadores provinciales -incluido los más cercanos al Gobierno nacional- es importante, advierten que no están los votos para ningún aumento de retenciones.

Otro punto conflictivo sigue siendo la movilidad jubilatoria. “A partir de abril de 2024, el índice de movilidad se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes. La inflación se definirá como la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC”, establece el proyecto modificado del Ejecutivo.

Respecto a este punto había distintos cuestionamientos. En los bloques dialoguistas reconocían un avance respecto a la redacción anterior, que solamente eliminaba la fórmula de movilidad actual -variación de recaudación y salarios como mecanismo de ajuste, pero con muchos meses de diferencia- y dejaba todo a discreción del Presidente, pero advertían que, de empezar a tomarse como cálculo la inflación recién desde abril, se estarían salteando para los aumentos justamente los meses en los que se prevé que haya mayor suba de precios.

Por eso, algunos bloques proponían que, si el cálculo se reemplazaba en abril, entonces que el aumento de ese mes tomara la inflación de enero o febrero. Pero además había poca claridad sobre qué pasaría con los bonos o refuerzos que vienen cobrando los jubilados de los haberes más bajos, y planteaban la necesidad de una compensación para cubrir la inflación de los últimos meses, que no se contempló en los aumentos.

Privatizaciones

Cómo se había comprometido la semana pasada, el Gobierno se comprometió a eliminar a YPF de la lista de empresas que el proyecto dejaba en condición de ser privatizadas según lo decidiera el Ejecutivo. Para Banco Nación, Nucleoeléctrica y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, manteniendo la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

El proyecto establece que en el proceso intervendrá la “Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones”. Las bancadas opositoras pretenden que quede claro en la redacción que el Congreso deberá controlar -no solo hacer seguimiento o estar informado- cada privatización en la que el Ejecutivo decida avanzar.

Fondo de Garantía de Sustentabilidad

Hay otro punto que, junto a retenciones, atraía especial atención de los gobernadores: el Gobierno no dio marcha atrás y mantuvo su intención de liquidar los activos y traspasar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional. Pero los bloques opositores, en los que tienen influencia una quincena de mandatarios provinciales, querían que se garantizara en la ley un mínimo del FSG para cumplir la deuda con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación.

Cultura, Ambiente, Educación, Salud

Además de los cambios en la letra chica de puntos que hacen al núcleo de la ley y al objetivo de reducción de déficit fiscal que se puso la gestión de Javier Milei, la UCR y HCF seguían insistiendo en la necesidad de reducir el tamaño del proyecto y eliminar o postergar capítulos o artículos que tienen que ver con reformas en Cultura, Ambiente, Salud y Educación que, señalan, podrían tratarse de forma particular más adelante.