El Gobierno decidió derogar una serie de normas vinculadas con diferentes controles ejercidos sobre la actividad de empresas y entidades del sector privado, que se habían establecido durante diferentes gestiones a lo largo de las últimas décadas. La decisión, que fue anticipada días atrás por LA NACION, se concretará mediante una resolución firmada por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, que podría ser publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La medida deroga, concretamente, alrededor de 70 resoluciones de la Secretaría de Comercio emitidas en diferentes épocas. Algunas habían sido puestas en práctica durante la gestión en el área de Paula Español, durante el gobierno del presidente Alberto Fernández.
Según los funcionarios actuales, el objetivo es desburocratizar, entre otras cosas, quitando obligaciones de aportar información por parte de las empresas dedicadas a diferentes rubros de la actividad. Por ejemplo, se apunta contra el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (Sifire) y contra un régimen informativo especial que se creó con alcance para la industria de la carne, que obligaba a las firmas de los distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización a comunicar a la entonces Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, el último día hábil de la semana de cada mes calendario, la cantidad diaria de kilos de media res y cuero vacuno comercializados, también su precio promedio diario de venta por unidad de medida y, además, la categoría de origen de los productos.
También se deroga el régimen de información anual de colegios privados y universidades privadas. A las entidades se les había impuesto la obligación de comunicara a la Secretaría de Comercio, en cada mes de octubre, su matrícula y sus cuotas para el ciclo lectivo siguiente.
“Era un régimen complicado. La Secretaría de Comercio no tiene más función que la de receptar la información, porque no tiene poder de fuego para modificar las cuotas ni las matrículas. Esto ha generado conflictos en las comunidades educativas de los colegios. Dueños contra padres, padres contra dueños. Y es un régimen que, por lo menos con la filosofía y la mirada de esta gestión, no tiene razón de ser en la órbita de la Secretaría de Comercio”, dijeron fuentes oficiales a LA NACION.
La decisión que se oficializará en las próximas horas está en línea con la derogación de las leyes de abastecimiento y de góndolas y del observatorio de precios, incluida en el decreto de necesidad y urgencia 70 firmado por el presidente Javier Milei apenas 10 días después de su asunción.
LA NACION