El Gobierno consigue reflotar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el organismo desembolsa US$ 4.700 millones que permiten pagarle y despejar el horizonte financiero de corto plazo.
El Banco Central lleva comprados US$ 6.000 millones que posibilitan empezar a cancelar deuda con importadores, aun cuando las reservas netas se mantienen en el campo negativo en el orden de los US$ 6.500 millones.
Para la consultora de Marina Dal Poggetto el relevamiento de la última semana de enero marcó una suba de 1% en el rubro alimentos y bebidas lo que indica una desaceleración fuerte respecto de las semanas anteriores.
El acuerdo con el Fondo implica en lo esencial la profundización de un ajuste fiscal, con suba de tarifas para reducir los subsidios y el compromiso de mantener un dólar competitivo que le permita al Banco Central, después de liberar pausadamente el cepo cambiario, acumular US$ 10.000 millones en las reservas.
El Gobierno se compromete a encarar un ajuste ortodoxo que incluye una fuerte baja del poder de compra de las jubilaciones y una reducción del gasto previsional para recuperar confianza y aumentar la demanda de pesos.
Hay un dato sobre el nivel del gasto previsional en el último informe de EcoGo que alarma: el gasto en prestaciones de la seguridad social, que en diciembre de 2017 representaba 9,6% del PBI, en diciembre de 2023 bajó a 6,8% y, con la licuación en marcha, podría descender hasta 5% del PBI y con muchos más jubilados.
Mientras frente al FMI se asume el compromiso de hacerle ganar confianza al peso, simultáneamente, el Presidente dijo en dos reportajes con medios del exterior que la Argentina está más cerca de la dolarización.
Argumentó que el Banco Central compró US$ 5.900 millones desde que arrancó su Gobierno y la base monetaria se ubica en US$ 7.500 millones por lo que, para Milei, sólo falta terminar de resolver los pasivos remunerados.
Milei vuelve a la carga con la dolarización mientras cobra fuerza la expectativa en torno a cuál será el tipo de cambio real a fines de marzo a partir de una inflación que se mantiene en torno del 20% mensual con el dólar oficial creciendo al 2% por mes.
También la necesidad de una devaluación del peso en el futuro cercano abrió otra grieta entre los que dicen que será necesaria para que el Banco Central gane reservas y los que priorizan un dólar fijo, aunque retrasado, para usar al tipo de cambio como ancla para la inflación.
Los economistas que defienden un tipo de cambio alto y competitivo privilegian el ingreso de dólares para hacerle ganar respaldo al BCRA y cumplir con la meta de reservas comprometida con el FMI.
Consideran que el Gobierno no podrá mantener el esquema del 2% de aumento mensual para el dólar y que o bien devalúa o bien acelera el ritmo del crawling peg.
Los partidarios del tipo de cambio fijo, aún a costa de que se vuelva a atrasar, ponen énfasis en que lo importante es bajar la inflación y que, para eso, es indispensable tener un dólar estable.
En la semana, el ex ministro Domingo Cavallo dijo que el Gobierno no debería devaluar.
Hay economistas que dicen haber escuchado a Pablo Quirno, secretario de Finanzas, recomendar la nota de Fernando Marengo en Clarín con una postura definida en favor de no devaluar y mantener el tipo de cambio fijo.
El choque de esos planetas puede ser importante y el Gobierno, con la postergación de la aplicación plena del impuesto a los combustibles y del aumento del gas, dio algunas señales de buscar moderar en algo la suba del índice de precios de febrero.
La devaluación y la estampida inflacionaria de diciembre y enero devoraron el poder de compra de las jubilaciones y los salarios y a poco de andar ya se discute si es necesario otro salto del dólar que podría desatar otro salto de los precios.
El Gobierno devaluó, favoreció la recomposición de los márgenes de rentabilidad de las empresas, acordó con el FMI y ganó reservas, pero no consiguió aún despejar las dudas sobre si el ajuste que puso en marcha resultará viable.