Los colectivos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires ya circulan con frecuencias reducidas por la falta de subsidios. Las empresas aseguran que no tienen dinero ni para pagar este martes el bono de $ 140.000 a los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que podría detonar un conflicto gremial.
Y mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, abrió la puerta a que la Nación se retire a la brevedad de la “toma de decisiones” en materia de transporte automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde contribuye con las compensaciones tarifarias.
El deterioro de la calidad de este servicio público va sumando capítulos mientras las tasas de inflación continúan con dos dígitos mensuales. En silencio, desde esta semana las compañías dueñas de los colectivos ya empezaron a sacar menos unidades a la calle, como forma de protegerse financieramente ante una ecuación económica que no les cierra.
Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), donde pesa especialmente el grupo Metropol, el segundo más grande detrás de DOTA, los pasajeros pagan en promedio $ 200 por viaje y Nación, Ciudad y Provincia otorgan subsidios por $ 400 más. Pero el costo “real” es de $ 1.000. El cálculo de costos se actualizó por última vez en diciembre con precios vigentes a septiembre 2023, por lo que no se contabilizaron aumentos del gasoil, repuestos y las paritarias.
Para saldar esa diferencia de $ 400 por viaje, algunas empresas decidieron bajar la cantidad de kilómetros recorridos. En enero fue un 8% menos que el año anterior, con la particularidad de que por ser un mes en el que hay vacaciones, ya las frecuencias son menores que durante el resto del año.
La fecha de vencimiento para el pago del bono no remunerativo de $ 140.000 a los choferes es este martes. En las cámaras dicen que no todas cuentan con la plata suficiente para pagarlo y juran que tienen la comprensión de Roberto Fernández, secretario general de la UTA, y de sus bases. Pero fuentes del sector gremial consultadas por Clarín están convencidas de que hay dinero para los trabajadores.
Transporte, un conflicto en puerta
En tanto, el Gobierno nacional quiere retirarse pronto de este conflicto y dejarlo en manos del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y del gobernador de la provincia, Axel Kicillof. En Economía aclaran que eso no significaría, por el momento, dejar de aportar dinero para las compensaciones tarifarias.
En una entrevista con el canal LN+, Caputo dijo: “Nación subsidia las rutas interjurisdiccionales, como las que van de CABA al GBA. Y la provincia subsidia sus propias rutas. Las rutas interjurisdiccionales son jurisdicción nacional y esas sí se subsidian mediante la Nación. Hay un punto gris que es la Ciudad, porque tiene todavía 31 líneas que no se transfirieron (como sí pasó con el subte en 2012). Se arregló que solo el 45% lo subsidiaría Nación. Lo que estamos promoviendo es darle más entidad a la Agencia Metropolitana para que tome mayor entidad y que resuelvan entre CABA y Provincia, y Nación pueda salirse del tema transporte”.
La situación política se complementa con un diálogo roto entre la Secretaría de Transporte -que formalmente sigue perteneciendo al Ministerio de Infraestructura (sin ministro)- y Economía, su “cartera madre”.
De acuerdo a los datos de Presupuesto Abierto, el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), por el que se canalizan los subsidios a los colectivos, demandó un gasto público hasta el momento de $ 112.139,19 millones, un 23,4% del crédito presupuestario vigente (con el 13,4% del año 2024 transcurrido), de los cuales se pagaron $ 54.922,22 millones.
En el Interior del país, la situación no es menos problemática. Córdoba resolvió la semana pasada un aumento de tarifas a $ 700. En Paraná, la capital de Entre Ríos, los empresarios mantienen un lockout patronal y solamente circulan de 5 a 14; piden una tarifa superior a los $ 1.000. Y en Formosa hace dos semanas que hay un paro total de colectivos.
NE