Este jueves 22 de febrero se dio a conocer que el gobierno de Javier Milei cerrará las puertas del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, mejor conocido como Inadi. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. Esta medida se tomaría en un intento de reducir el Estado y continuar con el ajuste fiscal que lleva adelante el Presidente.
En ese sentido, Adorni detalló ante la prensa: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante. Empezamos a avanzar con el primero de ellos, que va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo”. Y añadió: “Tiene alrededor de 400 empleados, oficinas a lo largo y ancho del país. Estos institutos además suelen estar conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad”.
Luego lo confirmó el Ministerio de Justicia a través de un comunicado que compartió a través de sus redes sociales. “El Inadi contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente”, expresó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por medio de este documento. Y agregó: “El personal idóneo que trabaja en el Inadi y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio [de Justicia] donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad”.
Muchos actores del arco político expresaron su repudio a la medida, mientras que funcionarios y legisladores mileístas elogiaron esta decisión. En ese sentido, muchas personas se preguntan qué es el Inadi y cuál es su función.
Tal como lo indica su nombre, el objetivo principal del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo busca combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo. Según informa en su sitio oficial, impulsa “políticas públicas federales y transversales en articulación con la sociedad civil para lograr una sociedad diversa e igualitaria”.
Este organismo fue creado mediante la Ley 24.515 en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Este se ubicó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Especialmente durante el gobierno de Alberto Fernández, quien tenía a Victoria Donda como titular del Inadi, este creció fuertemente. Durante los últimos tres años el organismo aumentó más de un 15 por ciento su plantel. Actualmente, cuenta con una sede central y 43 delegaciones en todo el país.
Su principal función es asegurar la aplicación de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, la cual obliga a las personas “a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”. Por lo tanto, el Inadi se encarga de su cumplimiento. A su vez hace un seguimiento del cumplimiento de sus objetivos, a través del análisis de la realidad nacional en materia de discriminación, xenofobia y racismo y la elaboración de informes y propuestas con respecto a estas temas, tal como ellos mismos informan.
En tanto, es conocido por ser la entidad a la cual se debe recurrir para hacer denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas. También brinda un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo.
El Inadi estuvo envuelto en varias polémicas en sus casi 20 años de existencia. La más fuerte ocurrió en 2022 por haber difundido un manual para los periodistas que iban a cubrir el Mundial de Fútbol de Qatar para a evitar del uso de expresiones, cánticos y estereotipos en la transmisión de los partidos.
Por su parte, la propia Donda supo quedar envuelta en un escándalo personal que se transfirió al organismo que conducía. El 29 de mayo de 2021 se conoció un audio de la funcionaria, donde hablaba con Arminda Banda Oxa, su empleada doméstica, que estaba sin registrar. En el diálogo, Donda le ofrecía “un contrato en el Inadi”.
LA NACION