El Gobierno nacional presentó este jueves sus argumentos sobre la expropiación de YPF e insiste, como Estado, en sacarle la jurisdicción a los Estados Unidos en el caso Burford, en donde ya hay un fallo en contra que obliga a pagar 16.000 millones de dólares a los demandantes.
Los dos escritos fueron presentados ante la Cámara de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York, respecto a las sentencias en contra emitidas por la jueza Loretta Preska en los casos iniciados por Petersen y Eton Park sobre la expropiación de YPF.
En la apelación, a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, Argentina solicita que se reviertan las sentencias en su totalidad por estar fundadas en errores de derecho argentino y bajo la premisa de que una corte de los Estados Unidos debió abstenerse de ejercer jurisdicción sobre casos fundados íntegramente en derecho argentino. Más simple: el país norteamericano no puede tener injerencia para fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas argentinas.
“Se cuestionan tanto las conclusiones de la corte de distrito sobre la supuesta responsabilidad contractual de la Argentina, como lo relativo al cálculo de daños”, explicaron fuentes de la Procuración, en la que la máxima autoridad es Rodolfo Barra.
El abogado que trabaja en los juicios internacionales contra el Estado nacional es Andrés de la Cruz, subprocurador del Tesoro y ex partner del estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
En los fundamentos de la apelación, el director regional de Latam Advisors, Sebastián Maril, notó que el Estado planteó: “Debido a que el tribunal aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes por ‘incumplimiento de contrato’, este tribunal debería revocar la decisión. El tribunal otorgó el fallo a favor de los demandantes, interpretando preguntas complejas de la ley argentina y, en su mayoría, estableciendo nueva jurisprudencia argentina a favor de los demandantes en casi todos los aspectos”.
“Para empezar, esta demanda nunca debería haber llegado a un tribunal de Nueva York. El demandado es la República Argentina, los eventos en cuestión ocurrieron exclusivamente dentro de Argentina, y todos están de acuerdo en que las demandas deben ser analizadas únicamente a través del prisma de la ley argentina. El sistema legal civil de Argentina no reconoce una demanda por incumplimiento de contrato y daños por parte de un accionista contra otro por violación de los estatutos corporativos”, explicó el país, mediante su representación legal.
Luego, el Estado va más allá. “Además de sus errores sobre el fondo, el tribunal de distrito infló enormemente los daños de los demandantes, cuando debería haber convertido los daños de pesos argentinos a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de su fallo (15 de septiembre de 2023)”, cuestiona.
Y agrega: “Si un tribunal extranjero permitiera a los demandantes demandar al gobierno de los Estados Unidos bajo la ley estadounidense por conductas que ocurrieron en los Estados Unidos, creara una causa no previamente reconocida por los tribunales estadounidenses, y luego dictara un fallo de más de 2 billones de dólares (la proporción equivalente del gasto federal de los Estados Unidos el año pasado), el gobierno de los Estados Unidos, el sistema legal estadounidense y la comunidad internacional estarían justamente sorprendidos”. Apuntan, sin decirlo, al “principio de no injerencia” en asuntos internos.
En esta ocasión, los argumentos del equipo de Javier Milei son similares a los que sostuvieron funcionarios kirchneristas previamente, como el ex procurador Carlos Zannini, y que no tuvieron resultados hasta el momento. Sin embargo, Maril explicó ante la consulta de Clarín que el Estado no puede presentar argumentos nuevos en una apelación.
La expropiación de las acciones de YPF en 2012, decidida por la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Economía y hoy gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya le costó al Estado nacional unos US$ 5.000 millones más intereses que fueron pagados a Repsol.
El bufete Burford Capital compró los derechos de litigio tras la quiebra de las sociedades Petersen, que correspondían a la familia Eskenazi, “expertos en mercados regulados” que accedieron a la empresa en 2008 y financiaron la compra retirando las ganancias de la petrolera. La enorme salida de dólares para pagar en España un préstamo a los bancos que respaldaron esa operación y la falta de inversiones en energía que derivaron en un millonario déficit comercial fueron dos de las principales razones por las que se instauró el cepo al dólar a fines de 2011.