El borrador del nuevo megaproyecto del Gobierno plantea en materia de jubilaciones del régimen general otorgar en abril un aumento del 13,2% -que fue la inflación de febrero- más otro 10% como compensación por el deterioro de estos meses: en total el 24,52%. Y en adelante que la movilidad se ajuste por la inflación de 2 meses atrás. O sea, en mayo, el ajuste equivaldría a la inflación de marzo.
Si se considera sólo enero y febrero, la inflación según el INDEC fue del 36,6%. O sea el ajuste de los haberes debutaría con una pérdida de 10 puntos. Para Nadin Argañaraz, del IARAF ( Instituto Argentino de Análisis Fisal), la pérdida sería de 17 puntos.
El proyecto no incluye en el aumento a los bonos. Según el abogado previsionalista Marcelo Brasburg “todos los decretos de bonos dicen que no son computados a ningún efecto, los consideran no remunerativos o “refuerzos” sin regulación”. También para el abogado Adrián Troccoli los bonos no forman parte del haber.
Esto significa que el valor y el alcance de los bonos seguirán siendo discrecionales. Y no se contempla su incorporación al haber corriente, de tal manera que abarque al aguinaldo y se considere para la movilidad a la totalidad del ingreso.
De este manera, el empalme entre la fórmula del Gobierno anterior, que estaría vigente hasta fin de marzo , y la que regiría a partir del 1° de abril contemplaría, en la versión oficial, poco menos de la inflación de enero 2024 que fue del 20,6%, según el INDEC. Y hacia delante no habría ninguna recomposición por la pérdida de los últimos años. Tampoco una recuperación si mejora el salario real o la economía.
El proyecto oficial abarca a las jubilaciones y pensiones del Régimen General. O sea, no incluye, entre otros, a los jubilados docentes, docentes universitarios, diplomáticos, Luz y Fuerza y Poder Judicial.
Con el aumento del 27,18% y el bono de hasta $ 70.000, las jubilaciones y pensiones de haberes mínimos están cobrando en total $ 204.445 brutos. El total se desglosa en $ 134.445 más $ 70.000.
Luego en abril se aplicaría el 10% y el IPC de febrero, con la incógnita de si esos aumentos se aplicarán sobre los $ 134.445 o sobre los $ 204.445 brutos.
Los jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 204.445 percibirán antes de fin de mes el aumento del 27,18% y no cobrarán ningún bono.
Según Nadin Argañaraz, por la pérdida que tuvieron los jubilados frente a la inflación en diciembre y enero y que el aumento de marzo no llegó a cubrir, el Gobierno debería dar un incremento del 25% en abril y sumar la inflación de febrero (13,2%), es decir un aumento del 41,5%, incluyendo el bono.
Si esto sucediera, y las jubilaciones se ajustaran por inflación con un rezago de dos meses -como está previsto en el proyecto de ley-, Argañaraz dice que quien cobra la mínima, incluido el bono, terminaría el año con un ingreso anual real prácticamente igual al del año 2023.
En este cálculo Argañaraz incluye el bono. De lo contrario los haberes mínimos tendrían una fuerte pérdida. Y el jubilado sin bono terminaría el año con una pérdida del 16% respecto al año 2023. Es decir que muchos miles de jubilados terminarían con un séptimo año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo.
El proyecto no cambia la movilidad de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo del haber inicial. De acuerdo al Estudio Paz Zurita, “la movilidad por IPC no recupera lo perdido – que se pierde para siempre salvo que el jubilado haga un reclamo judicial. Y mientras las remuneraciones no se actualicen por IPC va a seguir el achatamiento de las jubilaciones, y los nuevos jubilados van a seguir perdiendo poder adquisitivo ya desde el haber inicial”.
Esta pérdida del haber inicial es porque al momento de jubilarse, el haber inicial se determina en base al promedio salarial de los últimos 120 meses actualizados. Y esa actualización se aplica en base a un coeficiente que se calcula según la evolución salarial de los trabajadores registrados (RIPTE – que vienen en retroceso – con un retraso en relación a la inflación.