En medio de despidos en las represas de Santa Cruz, el Gobierno renovó por 60 días corridos las concesiones de cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en Neuquén y Río Negro. Se trata los complejos Alicurá, El Chocón Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, surgidas de la privatización de la estatal Hidronor durante la gestión de Carlos Menem en los años ’90.
Según la Resolución 33 publicada en el Boletín Oficial, la secretaría de Energía, encabezada por Eduardo Rodríguez Chirillo, dispuso la prórroga del «período de transición» en las tres primeras represas a partir de este martes y la de Piedra del Águila a partir del próximo 28 de abril. En ambos casos, la extensión está dentro del plazo máximo de 12 meses fijado en el contrato de concesión.
«A los efectos de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca y bajo su responsabilidad, las concesionarias deberán continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico correspondiente y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante el referido periodo», reza la normativa.
Asimismo, Energía dispuso que durante todo el plazo de transición restante la empresa estatal ENARSA, una de las que está en la mira del Ejecutivo para ser privatizadas, continuará como veedor en el marco de lo previsto en los contratos vigentes. El Estado nacional ya había prorrogado las concesiones en varias ocasiones desde julio del año pasado.
Con el inicio del plan «Motosierra», las centrales hidroeléctricas quedaron envueltas en el conflicto entre Javier Milei y los gobernadores. En el caso de Río Negro y Neuquén, la energía que producen es destinada a abastecer otras regiones del país, entre ellas Buenos Aires, aunque también la demanda local en esas provincias.
Según el diario Río Negro, los gobernadores buscan que esa electricidad sea más barata para sus medidores, pero desde el Gobierno nacional mantienen la postura de que las provincias subsidien con sus propios fondos el precio de la energía, incluyendo las regalías que reciben por las ventas de energía hidroeléctrica y que debería ser del 15%.
La decisión de Energía se conoció en medio de las tensiones con Santa Cruz, donde la UOCRA denunció el despido de 1.800 operarios por la falta de fondos para reanudar las obras en las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. También hay preocupación por la intención del gobierno de privatizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Las represas se licitaron hace 16 años. Fue una promesa energética del kirchnerismo pero aún sigue inconclusa. Sergio Massa había asegurado que en 2027 se lograría finalizar con su construcción, pero los plazos siguen postergándose. La UTE a cargo de su construcción está integrada por la china Gezhouba (54 %), Eling Energía SA (ex Electroingeniería 36%) e Hidrocuyo SA (10%).
La obra es financiada en su totalidad con un préstamo chino, por eso el paquete accionario mayoritario responde a la compañía Gezhouba, una de las principales constructoras de complejos hidroeléctricos en el mundo. A la fecha se espera un séptimo desembolso de US$ 500 millones. Pero las negociaciones quedaron en suspenso con la llegada de Milei al poder.
La canciller, Diana Mondino, y el Embajador de la República Popular de China en Argentina, Wang Wei, se reunieron el 12 de enero pasado para celebrar los primeros 10 años de la Asociación Estratégica Integral establecida en 2013. Entre los convenios firmados figura la megaobra, que requiere de la firma de la Adenda XII por ENARSA, a cargo de la obra, junto a los contratistas.
La firma de la adenda es clave para poder avanzar con las obras, destrabar el financiamiento y lograr su puesta en marcha en los próximos años. Esa decisión también depende del ministro de Economía, Luis Caputo, y de Rodríguez Chirillo. Pero el revés del DNU en el Senado el jueves pasado volvió a tensar la cuerda con las provincias.
Los contratistas aseguran que la entrada en funcionamiento de las centrales santacruceñas evitará la salida de más de US$ 1000 millones por importación de combustibles fósiles y lograrán una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero de 2,5 mega toneladas de CO2, que representa el 2,5% del volumen de reducción propuesto en el Acuerdo de París.