Las familias del área metropolitana de Buenos Aires ya gastan en promedio 11% de sus ingresos en las tarifas de servicios públicos como el transporte (trenes, colectivos, subte), la energía (electricidad y gas) y el agua.
La proporción se duplicó en apenas 2 meses (de diciembre a febrero), cuando se implementaron los aumentos en la luz, el colectivo y el tren, y se mantuvo estable en marzo, por el congelamiento de las tarifas de gas natural por red, agua y cloacas, según relevó un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet.
Los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo encontraron que un hogar de la Ciudad o el Gran Buenos Aires (AMBA) destina este mes un promedio de $ 75.429 para pagar los servicios públicos, cuando en diciembre apenas gastaba $ 29.487.
Al inicio de la presidencia de Javier Milei, la herencia tarifaria de Alberto Fernández provocó que la incidencia de la energía, el transporte y el agua fuera de solamente un 6% sobre los ingresos medios. La relación llegó a un pico de 12% en febrero, tras las subas de 410% acumulada en el transporte en apenas 25 días (desde el 15 de enero a mediados de febrero) y del 99% en energía eléctrica, que refleja el mayor consumo en verano.
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Organizaciones sociales y estudiantes se manifestaron en la estación Federico Lacroze contra el aumento en el pasaje de subte.
El «denominador» salario también hizo la otra parte del trabajo, con incrementos que persistieron muy por debajo de la inflación.
Según la consultora Empiria, que dirige el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, en base a los datos públicos, el salario formal promedio se ubicó en enero de 2024 por primera vez en décadas por debajo de la Canasta Básica Total (CBT), que fija la línea de pobreza.
La remuneración media (RIPTE) se derrumbó desde más de $ 900.000 -a precios constantes de este año- en 2017 hasta $ 555.269, mientras que la canasta de pobreza se mantuvo relativamente estable en este tiempo y totalizó $ 596.823 en el primer mes de este año.
Si la mirada se reduce solamente sobre el peso de los servicios energéticos sobre el salario, el IIEP muestra que en marzo la luz y el gas tuvieron una incidencia de el 5% sobre la remuneración media de un hogar de Nivel 1 (N1) de la segmentación, de ingresos o patrimonios altos, o aquellos que no pidieron o renunciaron a los subsidios; mientras que es del 1,5% y el 1,4% para los N2 y N3, respectivamente.
El pico de los últimos años fue de 5,6% en junio 2019, sobre el final de la presidencia de Mauricio Macri, cuando en campaña volvieron los congelamientos de tarifas, que se prolongaron en el gobierno del Frente de Todos.
Una definición aceptada por los especialistas sobre «pobreza energética» establece que el gasto de luz y gas de los hogares no debe superar el techo del 10% de sus ingresos. Esa fórmula utilizan los técnicos del Gobierno para diseñar en estos días la canasta básica energética, por la que se fijará un límite de consumos razonables según cantidad de integrantes de la vivienda y región bioclimática en donde estén ubicados, además de otros criterios patrimoniales e historial de viajes y compras.
El Estado nacional solamente considerará que merecen y necesitan los subsidios aquellos que gasten más del 10% de sus ingresos en la energía y que cumplan con los restantes criterios, como no tener un auto o moto con menos de 5 años de antigüedad, no haber comprado dólares u otra moneda extranjera en los últimos 3 meses, no haber viajado al exterior a países no limítrofes en los últimos 5 años y tener consumos medidos en tarjetas de crédito y billeteras virtuales, entre otros.
Hasta el 20 de marzo, el gasto público nacional en subsidios cayó un 70% interanual en términos reales hasta los $ 712.591 millones y hubo un crecimiento de la deuda flotante por $ 141.458 millones, que surge como diferencia entre el devengado y el pago de subsidios.
Hacia adelante, el Gobierno tiene pensado pisar los aumentos de tarifas del transporte público en AMBA durante abril y ya viene demorando la suba del gas desde febrero para anclar la inflación. Las empresas de transporte y distribución de gas fueron notificadas de que el próximo mes verán incrementos y, luego, actualizaciones mensuales en función de la inflación y la evolución de los salarios.
Asimismo, en mayo está prevista una nueva ronda de ajustes en la energía eléctrica para remover la mayoría de los subsidios a los hogares de ingresos medios y bajos, así como la actualización de los precios mayoristas de la luz para hogares de ingresos altos, comercios, industrias, edificios, hospitales, colegios, clubes y el alumbrado público.