Los cambios previsionales aprobados por Diputados, que el Presidente Milei adelantó que vetará, reconoce un aumento retroactivo del 7,2% y el pago de las sentencias firmes en un plazo de 6 meses
1. Compensación: los haberes jubilatorios recibirán un incremento del 8,1 puntos que debió aplicarse en el mes de abril. Es porque el Gobierno reconoció un incremento del 12,5% cuando la inflación de enero que se aplicó en abril fue del 20,6%. De aquí se desprende que el aumento debería ser del 7,2% (para pasar del 12,5% al 20,6% y debería aplicarse sobre los haberes de marzo. En consecuencia el aumento de abril, que fue del 27,39% ( 12,5% + 13,2%) subiría al 36,52% ( 20,6%+13,2%). Y sobre esos haberes incrementados deberían agregarse los aumentos posteriores ( 11,01%, mayo y 8,83% junio). O sea, equivale a un aumento retroactivo acumulativo por la diferencia entre lo pagado por ANSES y los valores que surgen de reconocer esos .8,1 puntos porcentuales. No hay una compensación por la enorme pérdida de los haberes de los últimos 6 años que fue del 25% para los que cobraron bonos y de más del 50% para los que no percibieron bonos. Ese ajuste no se aplica a las jubilaciones especiales, como la de docentes nacional o docentes universitarios que tienen regímenes diferenciales y no reciben los aumentos generales sino los propios de cada sistema.
2. Garantía haber mínimo: quienes perciben un solo beneficio (jubilación o pensión), tendrán la garantía de un haber mínimo equivalente al costo de la canasta básica total del adulto (CBT) incrementado en un 9%. Ese CBT de abril fue de $ 268.012, incrementado en un 9% (daría $ 292.133) más los datos del INDEC de los meses siguientes incrementados en un 9%., superior a los $ 276.931 del haber mínimo de $ 206.931 más el bono de $ 70.000 que rige en junio.
Aunque el texto no lo dice, en Diputados le dijeron a Clarín que esa garantía de haber mínimo absorbería el bono de $ 70.000.
3. Aumento adicional: En el mes de marzo de cada año se aplicará el siguiente aumento: un incremento por el 50% de la diferencia entre la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del año calendario anterior. Esto significa que, si la inflación fuese del 80% y el RIPTE del 90%, deberían ajustar las jubilaciones y pensiones en 5 puntos. Si pasa lo contrario, no hay modificación de los haberes.
4. Sentencias firmes: Lo votado en Diputado fija que las sentencias firmes favorables a los jubilados ( unas 82.000) deben ser pagadas dentro “ de un plazo de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley, que podrá ser prorrogado por otros seis (6) meses mediante resolución fundada de dicho organismo”.
5. Cajas previsionales provinciales no transferidas: ANSES debe cancelar, con los recursos tributarios estipulados por Ley con asignación específica a la Seguridad Social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, también en el plazo de 6 meses. Son 13 las provincias que no transfirieron sus Cajas previsionales: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. En lo que va de este año, el Gobierno no transfirió partidas a las Cajas no transferidas.
6. Financiamiento: Según el diputado Alejandro Cacace, de la UCR, “la ANSES, además de los aportes y contribuciones a la seguridad social, recibe asignaciones específicas de impuestos coparticipables (IVA, cheque, PAIS, monotributo). De allí tiene que priorizar para pagar las sentencias y las deudas con las cajas provinciales, y luego tiene que completar el Tesoro, como ya hace, para pagar las jubilación”.