La considera «palmariamente inconstitucional»
En un comunicado, la Asociación que preside Claudio «Chiqui» Tapia apuntó que las modificaciones hechas por el Ejecutivo no inciden en sus estatutos. Además, recordó que la Justicia ya le había puesto un freno a los artículos del mega-DNU que pretendían instalar las SAD.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a tomar posición frente a la avanzada del Gobierno Nacional y las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Lo hizo a través de un comunicado publicado tras la reunión de Comité Ejecutivo realizada por el mediodía en Ezeiza, que tuvo la presencia del presidente Claudio Tapia, Ricardo Rosica (secretario general de Boca), Ignacio Villarroel (vice segundo de River), Víctor Blanco (presidente de Racing) y Marcelo Moretti (presidente de San Lorenzo), entre otros.
La Asociación buscó aclarar «la tergiversada interpretación realizada por ciertos medios de comunicación masivos sobre cierta regulación o normativa dictada, la cual permitiría a clubes de fútbol transformarse en sociedades anónimas».
En cuanto a la Resolución General 15/2024 dictada por la Inspección General de Jusicia (IGJ) señalada el lunes 15 de julio, la AFA consideró que «además de modificar diversa normativa de la IGJ de la Ciudad de Buenos Aires en materias varias, introdujo ciertas modificaciones en relación a las asociaciones civiles (entre las cuales se encuentran los clubes) que tienen domicilio legal exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Subrayó que así, desde el próximo 1º de noviembre, «las asociaciones civiles puedan ser socias de sociedades anónimas y/o que las asociaciones civiles puedan transformarse en sociedades anónimas (extremos antes no permitidos)».
La AFA remarcó que los cambios «no obligan ni inciden en forma alguna en el estatuto social de la AFA, continuando, siendo un requisito indispensable para ser miembro de AFA el ser una ‘Asociación Civil sin fines de lucro’, tal como lo decidieron libremente las entidades miembros de AFA».
El texto señala que ni la «AFA ni sus entidades miembros se encuentran en oposición a las llamadas SAD y/o a que cada asociación civil (club, sea cual fuere su actividad) pueda decidir libremente la estructura jurídica a adoptar»; pero que sí rechaza «que se quiera obligar a cualquier ente privado (la AFA y cualquier asociación civil, lo son) a asociar a entidades con diferente estructura jurídica a la de sus actuales miembros en clara oposición a sus estatutos conforme así lo establecieron sus socios». La AFA define eso como «palmariamente inconstitucional».
En ese sentido, el comunicado apeló a un ejemplo: «Es como si a los accionistas de una sociedad comercial (ente privado) se los quiera obligar por medio de un decreto del Poder Ejecutivo a asociar a otros accionistas por intereses particulares del gobierno de turno».
Además, recordó que el Juzgado Federal de Mercedes suspendió en enero pasado dos artículos del DNU 70/2023, «los cuales establecían la prohibición de impedir a una organización deportiva el derecho de afiliarse a una confederación, federación, asociación, liga o unión con fundamento en su forma jurídica, y la obligación para las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de adecuar sus estatutos a los términos» del DNU. Ese fallo fue confirmado en abril último por la Cámara Federal de San Martín.
A esto se suma, según los dirigentes del fútbol, que el jueves de la semana pasada «la Dirección Provincial de Personas Jurídicas declaró irregular e ineficaz la Asamblea del Centro de Fomento Social y Deportivo José Hernández que habilitaba la chance de convertirse en una sociedad anónima deportiva».
Así las cosas, «las genéricas modificaciones introducidas por la IGJ para las asociaciones civiles radicadas exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inciden ni modifican en absoluto los requisitos para los clubes miembros de la Asociación del Fútbol Argentino, que, conforme lo estableció su asamblea (órgano de gobierno máximo), deberán ser únicamente asociaciones civiles sin fines de lucro con personería reconocida». Es decir, el privado que quiera adueñarse de un club deberá buscarse liga propia.