Con amplio apoyo de distintas fuerzas políticas, el martes que viene se debatirá en un plenario de la Comisión de Mujeres y Diversidades un proyecto que busca combatir el acoso sexual en los ámbitos laborales y académicos con el objetivo de emitir dictamen y avanzar a la discusión en el recinto.
La iniciativa fue presentada por la diputada de Unión por la Patria Mónica Macha y reforma la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
El proyecto tipificará como delito la violencia y acoso sexual, la cual define como «la conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico y/o psicológico, efectuado por cualquier medio, de índole sexual y no consentido, con el propósito y/o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer, generando sobre la misma un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo».
En los fundamentos del proyecto, Macha señaló que «esta modalidad se extiende sobre las mujeres en igual grado en contextos académicos, activándose, en forma sorpresiva y en contexto de grave asimetría de poder, hacia la mujer trabajadora y/o estudiante».
Además de Macha, firmaron el proyecto las diputadas del PRO Silvana Guidici, María Sotolano, Nancy Ballejos, Silvia Lospennato y Sofia Brambilla; de Encuentro Federal Esteban Paulón; de Democracia para Siempre Carla Carrizo; de la izquierda Vanina Biasi, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Firmaron también las legisladoras de UxP Paula Penacca, Brenda Vargas Matyi, Gabriela Estévez y Carolina Gaillard.
En qué consiste el proyecto para combatir el acoso sexual en ámbitos laborales y académicos
La diputada de UP fundamentó en el texto de la norma que en Argentina «existen normas para penalizar el acoso callejero, pero no para aquellos agravios que se producen en el ámbito laboral y académico» y enfatizó que es necesaria una ley «que proteja a las trabajadoras y a las estudiantes de situaciones que jamás elegirían».
Además, destacó que el proyecto otorga las herramientas para una empresa que «quiere despedir con causa a un empleado acosador, pero no está en condiciones de afrontar un juicio ni de pagar una indemnización desproporcionada. Este es el momento de darles a todas las partes dignas herramientas para que encuentren soluciones«.
Por último, argumentó que «la violencia por acoso sexual en el contexto laboral y académico es una modalidad de violencia generalizada desde años atrás, tanto en la Argentina como en diversos países, y, a la vez, invisibilizada por la sociedad, las instituciones y el sistema judicial. Se ha naturalizado y carece en nuestro país de abordaje legislativo».