Quito, 23 oct (EFE).- El Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) celebró este miércoles en Ecuador la primera, de una serie de audiencias, en las que busca abordar la “problemática del sistema de endeudamiento ilegítimo y sus graves impactos sociales, ecológicos y económicos”, según se destacó en el documento de convocatoria al tribunal.
Esta iniciativa, que reúne a un conjunto internacional de organizaciones, redes y movimientos sociales realizará audiencias, cuyos dictámenes están a cargo de un jurado popular, en diferentes países hasta noviembre de 2025, en que tendrá lugar la última en la Cumbre de los Pueblos previa a la COP30, en Belém, Pará, en el norte de Brasil.
En el encuentro que se celebró este miércoles, en Quito, se abordaron la deuda y las políticas del FMI y el BM, con un enfoque en los tres últimos gobiernos de Ecuador, durante los cuales se han firmado tres cartas de intención con el FMI.
En esta audiencia, el economista Alberto Acosta actuó como fiscal y explicó que, al tratarse de un tribunal ético, sus resoluciones no son vinculantes. Sin embargo, los testimonios y la sentencia que se emita serán una expresión de la organización y respuesta de la sociedad civil.
Acosta declaró que a lo largo de la mañana se sucederían testimonios sobre los efectos y consecuencias de estos créditos que, según opinó, “han generado afectaciones estructurales» en el país como privatizaciones del sector público o préstamos relacionados con el agua y con el sector agrario, dijo.
También indicó que habría declaraciones sobre créditos que, supuestamente, beneficiaron a grandes conglomerados económicos del país como Pronaca, “créditos que recibieron los grandes grupos económicos que conforman el poder oligárquico del país y que ahora tienen que pagar a través de las políticas de ajuste los sectores populares”, señaló.
A su vez se presentará un caso sobre temas climáticos relacionado con la denominada como “economía verde” liderada por estos organismos y que profundiza en la mercantilización de la naturaleza, según indicó el economista.
“Todas estas políticas del FMI directa e indirectamente han ido profundizando los efectos de una austeridad que está buscando liberar recursos para servir la deuda externa” y que ha generado pobreza y miseria derivadas de la disminución de inversiones sociales, opinó Acosta.
De su lado, Beverly Keene, de la organización ‘Diálogo 2000’, que fue invitada como perito internacional, destacó lo que considera una impunidad estructural de la que cree que estos organismos han gozado, sin responsabilizarse ante la Carta de la ONU por sus presuntas violaciones a los derechos humanos y a los principios generales del derecho internacional.
Keene enumeró entre las que considera consecuencias de la injerencia de estos organismos a “la austeridad, miseria, extractivismo planificado, saqueo, golpes de Estado, intromisión en la toma de decisiones nacionales, imposición de un modelo de desarrollo inconsulta e insostenible, así como la mercantilización y especulación financiera de la naturaleza”.
La realización de este tribunal popular forma parte de la campaña global ‘¡Alto al FMI-Banco Mundial! 80 años de miseria, devastación y deudas. ¡Reparación ya!’, por el que se realizaron ya diversas actividades debido a que se cumplen 80 años desde la creación del FMI y el BM en 1944. EFE