La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han solicitado al Tribunal Supremo que, como medida cautelarísima, suspenda el voto delegado –llamado voto ‘por compañero’– en las próximas elecciones a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
En un comunicado difundido este martes, ambas asociaciones judiciales –que representan a más de 1.300 jueces en activo– han anunciado que ya han interpuesto un recurso ante el Supremo contra la Instrucción 1/2024, de 6 de noviembre, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que autoriza el voto por «compañero» en las elecciones del próximo 26 de noviembre.
La AJFV y FJI recurren ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal al considerar que dicha Instrucción «introduce una modalidad de voto no prevista en la ley, permitiendo que los jueces puedan delegar su voto en dichas elecciones a una tercera persona (un ‘compañero’)», lo que –a su juicio– «infringe los principios de autenticidad, secreto e igualdad que deben regir cualquier proceso electoral, destacan ambas asociaciones en un comunicado».
Las dos asociaciones consideran que dicha modalidad «carece de las garantías necesarias para asegurar la trazabilidad del voto» y podría «abrir la puerta a manipulaciones o irregularidades en el proceso electoral».
CREEN QUE EL CGPJ SE EXCEDIÓ AL PERMITIR EL VOTO DELEGADO
Ambas sostienen que el recurso interpuesto busca «garantizar la legalidad y la transparencia del proceso electoral, dado que la modalidad de voto autorizada por la Instrucción no se ajusta a la legislación vigente sobre el voto por correo y presencial, establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)».
Además, la AFJV y FJI argumentan que la Instrucción «excede» las competencias del CGPJ, al modificar un aspecto esencial de la LOPJ sin el respaldo normativo adecuado. Así las cosas, aseguran que la medida cautelar que ahora solicitan «se basa en la urgencia del caso».
Sobre este extremo, ambas asociaciones recuerdan que las elecciones son el próximo 26 de noviembre e inciden en que la adopción de una decisión definitiva posterior «podría hacer que se pierda el objeto del recurso».
En este sentido, advierten de que, si no se adopta la medida cautelar, el resultado electoral podría verse «viciado», lo que «obligaría a repetir las elecciones y afectaría la validez de los acuerdos tomados por las futuras Salas de Gobierno».