La Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor y 108 en contra una reforma constitucional que amplía y endurece la prisión preventiva oficiosa, aplicable sin juicio previo en una lista de delitos, generando amplio debate en el Congreso y críticas desde la oposición.
La reforma modifica el artículo 19 de la Constitución, incorporando nuevos delitos a los que se les aplicará la prisión automática mientras se espera el juicio. Entre estos delitos se encuentran la extorsión, el contrabando y otros relacionados con la producción, transporte y distribución de fentanilo y drogas sintéticas.
Durante el debate, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó dos reservas que fueron aceptadas, eliminando de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa el narcomenudeo y la defraudación fiscal. Según el diputado morenista, la exclusión del narcomenudeo responde a un enfoque social sobre el problema, mientras que la defraudación fiscal se excluyó tras un acuerdo con sectores económicos, buscando unidad nacional.
Los promotores de la reforma, principalmente legisladores de Morena, señalaron que la expansión de la prisión preventiva oficiosa responde a la necesidad de reducir la impunidad en delitos considerados graves y proteger a las víctimas, quienes actualmente quedan vulnerables al poder obtener los acusados su libertad tras la audiencia inicial.
La diputada Estela Carina Piceno Navarro (Morena) explicó que la medida permitirá atacar delitos de alto impacto como la extorsión, práctica que, dijo, ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en una amenaza común que afecta tanto a ciudadanos como a empresas.
En contraste, la oposición en el Congreso, incluidos el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, acusaron que la reforma representa un retroceso en materia de derechos humanos y que socava el principio de presunción de inocencia.
La diputada Margarita Zavala (PAN) consideró que la reforma legaliza una “pena anticipada” que afectará principalmente a personas de escasos recursos, quienes muchas veces no tienen acceso a una defensa adecuada. Alertó sobre los posibles abusos de esta medida al señalar que “se está legalizando la represión para perseguir a periodistas y chantajear a empresarios”.
Durante la sesión, se realizaron múltiples rondas de intervenciones en las que legisladores de Morena y la oposición se confrontaron. El morenista Leonel Godoy destacó que la figura de la prisión preventiva oficiosa fue creada en el sexenio de Felipe Calderón en 2008, con el respaldo del PRI, y defendió la reforma como una herramienta para atacar el crimen organizado.
En respuesta, la diputada Lilia Aguilar (PT) desestimó las críticas de la oposición, afirmando que no se utilizará la prisión preventiva para perseguir adversarios políticos, y destacó que esta medida permitirá proteger a los sectores más vulnerables de delitos como la extorsión y el narcotráfico.
César Alejandro Domínguez (PRI) denunció que la aprobación de la reforma implica “la muerte de la presunción de inocencia y de los derechos humanos”, mientras que legisladores del PAN anticiparon que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría revertir esta reforma, ya que contradice tratados internacionales en los que México es parte.
José Guillermo Anaya Llamas (PAN) aseveró que esta modificación permitirá encarcelar a personas antes de contar con pruebas definitivas de culpabilidad, alertando que se trata de “encarcelar primero y luego investigar”.
La lista final de delitos que ameritarán prisión preventiva oficiosa tras la reciente reforma al artículo 19 constitucional incluye los siguientes:
- Extorsión
- Contrabando
- Operaciones con comprobantes fiscales falsos, incluyendo la expedición, compra, enajenación o adquisición de facturas que respalden operaciones inexistentes o simuladas.
- Delitos relacionados con fentanilo y otras drogas sintéticas, como su producción, importación, exportación, transporte, almacenamiento y distribución.
Durante el debate, se eliminaron narcomenudeo y defraudación fiscal de la lista de delitos incluidos en el catálogo, tras la aceptación de las reservas propuestas.
Además de especificar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, se establece que los jueces deberán aplicar la prisión preventiva de forma automática para los delitos incluidos en el catálogo del artículo 19 constitucional, sin posibilidad de evaluar otras medidas cautelares caso por caso. Esto implica que las personas acusadas de estos delitos serán encarceladas de inmediato mientras esperan su juicio, eliminando la discrecionalidad judicial para optar por otras opciones.
La exposición de motivos de la iniciativa aprobada en San Lázaro argumenta que esta medida busca reducir la impunidad en delitos graves que afectan la seguridad pública y la paz social, justificando la inclusión de delitos como la extorsión y el contrabando debido a su alto impacto en la sociedad.
En el caso de los delitos relacionados con el fentanilo y las drogas sintéticas, la iniciativa menciona que su inclusión responde a la necesidad de combatir de manera más efectiva el creciente mercado ilícito de estas sustancias y la crisis que provocan.
Asimismo, la reforma busca que los órganos del Estado apliquen la prisión preventiva sin interpretaciones extensivas; es decir, queda prohibida cualquier interpretación análoga o ampliada que pudiera suspender o modificar los términos de la prisión preventiva en los casos previstos por la ley, para evitar que los acusados evadan la justicia.
La iniciativa será enviada ahora al Senado.