La Corte Suprema de Justicia de la Nación se prepara para tomar cuatro decisiones cruciales que definirán el futuro judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner (CFK). Estas decisiones se enmarcan en un contexto de renovaciones dentro del máximo tribunal y podrían tener un impacto significativo en la política argentina.
La defensa de Cristina Kirchner buscará aplicar la «doctrina Menem» para dilatar los tiempos judiciales y evitar una condena firme. El primer caso que la Corte Suprema deberá resolver es la confirmación de la condena por la obra pública en Santa Cruz.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. La defensa de CFK, encabezada por Alberto Beraldi, ya ha anunciado que apelará este fallo ante la Corte Suprema.
Esta condena es la más importante para la ex presidenta, ya que, de confirmarse, quedaría firme y podría ejecutarse, impidiéndole ocupar cargos públicos y posiblemente llevándola a prisión domiciliaria debido a su edad. El segundo caso pendiente es el del dólar futuro, en el que CFK fue sobreseída en abril de 2021 por la Cámara Federal de Casación Penal.
Este fallo fue apelado por la Fiscalía y desde junio de 2021 está en manos de la Corte Suprema. En este caso, también está acusado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La Corte deberá decidir si confirma el sobreseimiento o si envía a juicio oral a los acusados.
El tercer caso es el del memorándum de entendimiento con Irán, relacionado con el atentado a la AMIA. Los tribunales orales que tenían el expediente sobreseyeron a CFK, pero en septiembre de 2023, la Cámara de Casación revocó este fallo y ordenó que se realice el juicio oral.
Doctrina Menem
La estrategia de la defensa de Cristina Kirchner se basa en la «doctrina Menem», que consiste en dilatar los tiempos judiciales para evitar una condena firme. El ex presidente Carlos Menem utilizó esta estrategia en varios de sus casos judiciales, logrando que pasaran años sin que se resolvieran sus causas.
En uno de los casos más emblemáticos, Menem fue condenado en 2015 a cuatro años y seis meses de prisión por el pago de sobresueldos a ex funcionarios de su gobierno. La condena fue confirmada por Casación y en diciembre de 2018 llegó a la Corte Suprema, donde aún no se ha resuelto.
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