En el marco de una de las iniciativas que definieron su primer año de gobierno, el presidente Javier Milei anunció la disolución de tres nuevos fondos fiduciarios: el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf). La medida, publicada este lunes en el Decreto 6/2025 en el Boletín Oficial, forma parte de la estrategia gubernamental para achicar el Estado y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Según los fundamentos del decreto, los tres fondos no habían cumplido con los objetivos para los cuales fueron creados o presentaban deficiencias significativas en su administración. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) destacó irregularidades como proyectos sin justificación adecuada, falta de rendiciones de cuentas y ausencia de prórrogas formales para su continuidad, tras la realización de una auditoría.
En el caso del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, se detectaron obras culminadas sin rendiciones finales y proyectos rescindidos sin devolución de fondos.
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Tal como había anticipado LA NACION, el gobierno nacional oficializó este lunes la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) una sociedad estatal que tenía como objeto la administración del puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, la de la hidrovía que corre por el río Paraná.
Así se dispuso a través del decreto 3/2025 de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (AGP SAU) y la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES.
La liquidación de la sociedad vino acompañada por el nacimiento de otro organismo que se llama Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que tendrá autarquía financiera y que quedará en el organigrama del Ministerio de Economía que maneja Luis Caputo.
Por Jaime Rosemberg
Mientras el desconcierto en la oposición es palpable y concreto en este inicio de 2025, el gobierno de Javier Milei disfruta de su verano económico, sólo empañado por algunas visibles internas que amenazan con romper la armonía estival.
Al margen de los cotidianos embates que desde distintas terminales oficiales recibe la vicepresidenta Victoria Villarruel, la disputa por el momento apenas solapada entre el asesor presidencial todoterreno Santiago Caputo y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, parecería estar recién comenzando.
La última semana fue Lucas Llach, estrecho colaborador del “coloso”, como Milei llama a Sturzenegger, quien fue tildado de “radical empobrecedor” y atacado sin piedad en las redes sociales por los trolls que, según coinciden en Balcarce 50 y otros despachos, responderían al “Mago del Kremlin”, presuntamente por oponerse a algunas iniciativas avaladas desde el primer piso de la Casa Rosada, donde Caputo tiene su base de operaciones.
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Por Claudio Jacquelin
La performance del programa económico del Gobierno y su impacto social, primero, y político, después, está sujeta a interpretaciones tan antagónicas entre el Gobierno y algunas de las principales fuerzas políticas que explica muchas de las decisiones tácticas y estratégicas que la dirigencia está tomando.
En medio de un comienzo de verano y de año tan inusualmente benévolo en el termómetro como en los indicadores económico-financieros y en el clima social, el calendario y las normas electorales para el primer test en las urnas del gobierno de Javier Milei son objeto de una disputa con sordina.
Ese debate está dominado por diagnósticos y pronósticos diametralmente opuestos entre el oficialismo y el perokirchnerismo por un lado, y por la confusión que atraviesa al macrismo y al radicalismo, por el otro. En ese escenario, el Gobierno mantiene el dominio de la agenda y de los tiempos, ante la pasividad ajena. Y se propone imponer las reglas a medida de sus intereses.
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Por Laura Serra y Matías Moreno
Arrancó el año electoral y el cronograma con vistas a los comicios legislativos de octubre aún es una incógnita. El obstáculo a remover son las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), coinciden oficialistas y un amplio abanico opositor, pero difieren en la instrumentación: mientras el Gobierno insiste en su eliminación definitiva, en la oposición predomina la idea de suspenderlas por única vez, estrategia que Pro procurará instrumentar este año en la ciudad de Buenos Aires.
Las negociaciones concretas aún no comenzaron y el Congreso está en receso por decisión del Gobierno, renuente a convocar a sesiones extraordinarias hasta no garantizarse los apoyos para avanzar en la modificación de las reglas electorales. Por ahora los votos no están. El oficialismo se muestra confiado y apuesta a meter una cuña en los bloques opositores, en tándem con gobernadores afines, para alcanzar la mayoría que todavía le es esquiva. El interrogante es si, de no lograr el objetivo de máxima –la eliminación de las PASO–, accedería a una eventual suspensión este año.
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