El esquema licitatorio que elaboró la administración de Javier Milei para llevar adelante a lo largo de este año la privatización de las rutas nacionales con peaje se basa en cinco puntos relevantes que engloban los tipos de obras a realizar, ajustes periódicos de tarifas, plazos contractuales variables, cabinas con cobro automático y nuevos tiempos de espera antes del levantamiento de las barreras de pago.
Anunciado en octubre y vuelto a poner en agenda en los últimos días, el proceso de privatización de la denominada «Red Federal de Concesiones» contempla la licitación de 13 tramos de rutas y autopistas que actualmente están en manos de la concesionaria privada Caminos del Río Uruguay (CRUSA) y la empresa estatal Corredores Viales SA (CVSA).
Privatización de rutas con peajes: la licitación, en dos partes
El cronograma que armaron las autoridades de Vialidad Nacional y del ministerio de Economía comandado por Luis Caputo prevé dos etapas de licitaciones.
La primera —que ya está curso y se tratará en audiencias públicas convocadas para los días 25 y 27 de febrero— abarca el «Tramo Oriental» de 617 kilómetros conformado por la autovía del Mercosur de las rutas naciones 12 y 14 y el «Tramo Conexión», que comprende el puente Rosario-Victoria de 59 kilómetros, que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
La segunda instancia —que se iniciaría entre abril y mayo— engloba 8.700 kilómetros de las autopistas Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas y otros diez tramos de las rutas nacionales con peaje que opera la estatal CVSA en 14 provincias.
Los pliegos de bases y condiciones con los que la gestión libertaria saldrá a buscar a los futuros concesionarios viales privados tienen como objetivo esencial los trabajos de «conservación, mantenimiento, rehabilitación y explotación de infraestructura vial mediante cobro de peaje». A priori, no están previstas grandes obras nuevas de ampliación para transformar las rutas en autovías o la construcción de carriles de sobrepaso.
De esta forma, los concesionarios solo estarán obligados a mantener la infraestructura actual, cumpliendo con la realización de tres tipos de obras: las «Iniciales de Puesta en Valor», las denominadas «Obligatorias» y las de «Rehabilitación».
Las obras «Iniciales de Puesta de Valor» están destinadas a recuperar la transitabiliidad y seguridad vial. En esta categoría se encuentran los trabajos de bacheos superficiales, sellado de grietas y fisuras, eliminación de hundimientos, reparaciones de losas y taludes, perfilados de banquinas, corte de pastos, reposición de barandas de defensa y reparaciones de señales, luces y semáforos.
En tanto, las obras «Obligatorias» consistirán en la reparación de las calzadas de pavimento rígido que se encuentran deterioradas, la reconstrucción de los distribuidores de tránsito y el cambio de los sistemas de iluminación para que funcionen con luz led. A su vez, las obras de «Rehabilitación» comprenderán el bacheo profundo, fresado y sellado de fisuras, colocación de nuevas bases asfálticas, señalización horizontal e instalación de sensores de tránsito.
Peajes: cuánto costarán durante y después de la privatización
En cuanto a las tarifas, el valor actual unificado de $1.300 que pagan los automóviles en todas las estaciones se seguirá ajustando mensualmente hasta que se transfieran los tramos a los nuevos concesionarios. A partir de ese momento, regirán dos clases de aumentos: uno cada tres meses, destinado a actualizar los costos operativos de las concesiones y otro, al término de «Obras Iniciales» que dependerá de las tarifas que solicitaron en sus ofertas los nuevos operadores.
Para el cobro de los peajes, los futuros concesionarios deberán implementar durante el primer año de operación el sistema «Free Flow» y contar con un sistema de detección automática de patentes en todas las estaciones, pudiendo dejar a su criterio algunas vías mixtas de pago.
Según lo que establecen los pliegos, para el cobro de peaje en toda la Red Federal de Concesiones «se aplicará un sistema abierto por el cual la totalidad de los usuarios abonarán el importe establecido para la categoría de sus respectivos vehículos, cada vez que traspongan una estación independientemente del recorrido que vayan efectivamente a realizar».
Barreras levantadas, tiempo de contrato y vía de licitación
En lo que atañe a los nuevos tiempos máximos de espera para pasar por una cabina, las reglas licitatorias establecen que, a partir del segundo año de la concesión, un vehículo no podrá estar aguardando más de dos minutos en las vías exclusivas y más de tres minutos en las vías de tránsito mixto. En caso de que la capacidad de operación de una barrera supere esos límites, el concesionario deberá librar el paso hasta que pueda ajustar el funcionamiento a los tiempos máximos de demora.
Otro aspecto saliente tiene que ver con los plazos contractuales variables entre 20 y 30 que pueden tener las distintas concesiones. La extensión de la concesión será propuesta por los oferentes en función de sus costos y expectativas de ganancia. Tanto el monto de la tarifa, como la duración del contrato, serán factores clave en la asignación de los tramos. Si un oferente solicita cobrar una tarifa inferior al valor tope que se fijará para cada corredor, el plazo contractual será de 20 años. En cambio, si cotiza la tarifa tope y pide más años, el plazo de la concesión podrá ampliarse hasta un máximo de 30 años.
Las licitaciones se realizarán con el sistema de doble sobre y a través de la plataforma CONTRAT.AR. En el «Sobre 1», quienes se presentarán antecedentes técnicos y económicos, junto con tres tipos de garantías: una por las obras del primer año, otra por la operación y mantenimiento, y una tercera por las obras de rehabilitación. En el «Sobre 2», se deberá incluir la propuesta económica, indicando el nivel tarifario y la duración contractual que cada oferente estime necesaria.
Para la adjudicación de los tramos se aplicará el criterio de la «oferta económica más conveniente». Primero se tomará en cuenta como mejor oferta la que exhiba el valor de peaje más bajo del tope tarifario de cada corredor. Si todos los oferentes cotizan la tarifa tope de peaje, entonces prevalecerá aquella propuesta que contenga el menor plazo contractual.