Por estos días, en la Legislatura de Córdoba debaten, en simultáneo, proyectos que procuran penalizar el cierre de calles por protestas y otro, presentado recientemente, que busca autorizar a la Policía a establecer cerramientos provisorios de calles cuando existan razones de seguridad que lo justifiquen.
El legislador Rodrigo Agrelo impulsa una norma que autoriza a la Policía a bloquear accesos en barrios conflictivos en localidades de toda la provincia, siguiendo el modelo de Villa Allende, donde el cierre nocturno de calles secundarias (de 22 a 6 hs) se aprobó en mayo, pese a reclamos por «segregación» y posibles inconstitucionalidades. Allí, la oposición y vecinos autoconvocados denuncian que la medida vulnera derechos y planean acciones judiciales.
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La propuesta del legislador de Encuentro Vecinal permite dos modalidades de aplicación: por iniciativa policial o por solicitud vecinal. En el primer caso, la fuerza de seguridad puede decidir el cerramiento siempre que no se oponga el 40% o más de los vecinos de la zona. En el segundo, al menos el 10% de los contribuyentes del área debe solicitarlo, aunque también rige la misma limitación por oposición vecinal.
Para determinar estos porcentajes, se toma como referencia el padrón de contribuyentes del impuesto inmobiliario provincial del área involucrada.
Protocolo obligatorio
El proyecto establece que en todos los casos debe elaborarse un protocolo que detalle la zona de cerramiento, las características materiales, días y horarios, arterias alternativas habilitadas, personal involucrado y fecha de revisión de la medida. El Ministerio de Seguridad provincial actuará como autoridad de aplicación.
En los fundamentos, Agrelo reconoce que la medida limita el derecho constitucional de libre tránsito, pero la justifica bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. «Preferimos reglamentar o limitar el derecho a transitar si de ello deriva la protección de la vida de las personas», argumentó el legislador.
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El proyecto se enmarca en el concepto de «estado de necesidad», que permite «causar un mal menor para evitar uno mayor». Agrelo aclara que no busca regular el tránsito vehicular -competencia municipal- sino establecer mecanismos de excepción ante situaciones de inseguridad.
Desde su espacio aseguran que la medida es consecuencia de un «fracaso social» más amplio y que la verdadera solución requiere políticas estructurales en educación, trabajo y salud. Sin embargo, sostienen que mientras esas transformaciones no lleguen, es necesario ofrecer herramientas de protección.
Antecedente en Villa Allende
La iniciativa se inspira en la ordenanza aprobada en Villa Allende, que permite el cerramiento nocturno de calles secundarias en determinados barrios. Esa medida, que generó debate y oposición vecinal, fue promulgada tras obtener seis votos a favor y cuatro en contra en el Concejo Deliberante local.
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El proyecto ahora deberá ser evaluado por la Legislatura provincial, donde Agrelo confía en que contribuirá a institucionalizar mecanismos preventivos que hoy se aplican sin respaldo legal en distintos barrios de Córdoba.