Con la causa penal por supuestas coimas en curso hace veinte días y el secreto de sumario prorrogado hasta el jueves 19 de septiembre, el fiscal Franco Picardi ordenó una nueva serie de allanamientos simultáneos, en los que se buscaron ingresos y egresos de los barrios privados en los que residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker -dueños de la droguería Suizo Argentina- y Diego Spagnuolo. También se solicitó información sobre una caja de seguridad del extitular de la Agencia de Discapacidad, donde hallaron 80.000 dólares.
Y además, en medio de todo eso, renunciaron los abogados defensores del exfuncionario libertario, Juan Aráoz De Lamadrid y Ignacio Rama Schultze, aduciendo «motivos personales», según pudo confirmar Clarín.
A su vez, el juez Casanello denunció al jefe de sistemas de la Suizo Argentina por “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”.
Picardi trabaja sobre una hipótesis central: la presunta existencia de una ruta de sobornos que involucraría a funcionarios del gobierno nacional y a la compañía que a su vez, es la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS.
Durante la noche del jueves, el consultor Fernando Cerimedo realizó una declaración testimonial ante el representante del Ministerio Público Fiscal. En primer lugar, según contó Clarín, negó haber sido él quien grabó y filtró las conversaciones con Spagnuolo.
Cerimedo le dijo al fiscal que en diversas ocasiones, Spagnuolo “había hablada de hechos de corrupción, de posibles coimas”. En sede judicial indicaron a Clarín: “Confirmó con sus dichos el esquema de corrupción. Confirmó que le dijo lo mismo que se escuchó en los audios”.
Después de esa declaración testimonial, la justicia profundizó la investigación y pidió en la sede del Banco BBVA que se le proporcione toda la información vinculada a Diego Spagnuolo: así se dio con una caja de seguridad en la que se habrían hallado 80.000 dólares.
Todo aquello vinculado al movimiento de dinero es importante para la investigación. La fiscalía continúa esperando el envío de la documentación después del levantamiento fiscal y bancario ordenado por el juez Casanello, vinculado a Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, y Diego Spagnuolo.
Visitas recibidas
Este viernes los efectivos de la Policía de la Ciudad también se dirigieron a los barrios privados en los que residen los Kovalivker y los exfuncionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini. Allí se exigieron los ingresos y egresos desde comienzos de 2024.
La denuncia que dio origen al expediente se sustentó en los audios tomaron estado público y apunta contra Javier Milei, Karina Milei; Eduardo “Lule” Menem, Spagnuolo y los Kovalivker.
El texto judicializado sostiene que “todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública».
En los allanamientos del viernes de la semana pasada, el fiscal Picardi ordenó que se secuestren mails y toda la documentación sobre vínculos comerciales. Esto tiene que ver con un pedido puntual de retirar de la Agencia y de la droguería “más expedientes de compra de medicamentos”, como explicaron fuentes allegadas a la causa.
La denuncia contra el jefe de la droguería
En medio de una nueva jornada de operativos, el juez Sebastián Casanello denunció penalmente al jefe de sistema de la droguería Suizo Argentina por “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”.
Cuando hace una semana la justicia federal ingresó por segunda vez a la casa matriz de la droguería, la orden de presentación no se cumplió de forma inmediata. Fue un procedimiento que demandó más horas de las esperadas.
Ese día, los responsables del área informática no querían entregar el servidor con todos los clientes, contrataciones e información comercial de la compañía. La Suizo Argentina sostiene que allí hay información privada de una importante cantidad de personas a las que se les provee delicados medicamentos.
El supuesto proceder reticente del jefe de sistemas de la droguería derivó en una nueva denuncia penal.
Según pudo saber Clarín, el 29 de agosto se allanó la droguería en busca, entre otras cosas, de los correos corporativos. “Si bien dijo conocer cómo acceder a los correos, el jefe de seguridad informática se negó a colaborar”, afirmaron fuentes judiciales.
Cuando se le tomó declaración testimonial, el directivo volvió a negarse. “Él no era imputado, estaba obligado a colaborar con los funcionarios policiales”, señalaron en Comodoro Py.
La denuncia que recayó en el juzgado de Julián Ercolini.