La cantidad de presos en comisarías y alcaidías, en vez de en penitenciarías, se duplicó en menos de una década. Una de las jurisdicciones con mayor cantidad de detenidos en dependencias policiales es la Ciudad de Buenos Aires.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP), que realiza reportes sobre la situación carcelaria en todo el país, señaló que actualmente hay más de 13.000 personas presas en calabozos de las comisarías, mientras que en 2016 esa cifra era de 5.422. El incremento es preocupante porque revela las malas condiciones de detención de los delincuentes pero también la situación de los policías se ven limitados en las tareas de patrullaje y prevención por abocarse a la vigilancia de los reclusos.
El caso de CABA es uno de los más impactantes, se protagonizaron varias fugas de presos de comisarías en los últimos dos años, y el INECIP señala que se “ha normalizado el alojamiento permanente en establecimientos policiales”. La Procuración Penitenciaria indicó que las personas detenidas en alcaidías porteñas oscilan entre 2000 y 2500. En 2022, ese número apenas superaba las 800 personas.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Nueva fuga en la Ciudad de Buenos Aires: seis presos se escaparon de una comisaría en Balvanera
Las comisarías no son lugares para detenciones de largo plazo, ya que carecen de la estructura mínima para cubrir las necesidades de las personas detenidas, como salud, alimento o baños, ni permiten la condición de resocialización de los presos, advierte el Instituto.
“El hecho de que haya condenados cumpliendo penas en comisarías ya no puede llamarse ‘malas condiciones carcelarias’, sino que debe ser abordado como lo que verdaderamente es: una situación de vejámenes y torturas”, señala INECIP en su Ranking provincial de personas encerradas en comisarías.
Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires dos casos contrapuestos
Durante octubre, el Instituto relevó algunas de las dependencias porteñas en peores condiciones. Una de ellas es la Comisaría Vecinal 1C, en la que, a partir de una visita al lugar, describió: “se puede señalar que existe un marcado hacinamiento, toda vez que actualmente se alojan 45 privados de libertad en una dependencia que tiene capacidad ideal para alojar a 17 detenidos. Ello conlleva a que los alojados deban compartir los colchones en los espacios reducidos donde se alojan”.
Javier Milei desafía la política de Derechos Humanos: las señales de retroceso en Memoria, Verdad y Justicia
De la misma manera, indicó que en la Comisaría Vecinal 2A “existe una marcada sobrepoblación, debido a que la Comisaría tiene una capacidad real para alojar a 30 detenidos y en la actualidad se alojan 44 privados de libertad”. Al mismo tiempo, destacó que “la dependencia cuenta con tres duchas completamente funcionales, lo que no suele suceder en la órbita de las distintas Alcaidías y Comisarías de la Policía de la Ciudad”.
Un caso muy distinto es el de la provincia de Santa Fe, que durante 2023, el Ministerio de Justicia y Seguridad llevó a cabo una política de vaciamiento de las comisarías, trasladando a las personas alojadas en ellas a establecimientos penitenciarios.
La principal motivación detrás de estas medidas ha sido que la policía pueda volver a patrullar las calles y pasar a realizar tareas de prevención, indicó INECIP. Aunque “el 7,7% de los detenidos continúan detenidos en establecimientos policiales”, agregó.
La polémica remoción de una jueza en Chubut que documentó las detenciones en comisarías
INECIP también denunció la remoción de la jueza de Chubut, Daniela Arcuri, solicitada por el Gobierno provincial, luego de que ella documentara y denunciara las condiciones inhumanas de alojamiento en comisarías y alcaidías de esa provincia.
La jueza había documentado múltiples deficiencias estructurales y sanitarias en las dependencias: falta de calefacción y agua caliente, instalaciones eléctricas deterioradas, plaga de roedores, acumulación de basura, colchones no ignífugos, humedad extrema, fallas en la provisión de alimentos y ausencia de baños y espacios adecuados para la higiene. También señaló problemas graves en la clasificación de los detenidos, la escasa dotación de personal y la existencia de actividades laborales no remuneradas dentro de la dependencia.
LM/DCQ