La mesa política que rodea al presidente Javier Milei se reunirá hoy a la 10 en Casa Rosada por primera vez en el año con la definición de la estrategia legislativa para encarar la reforma laboral, tras el receso vacacional.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó la convocatoria a la reunión que, inicialmente, iba a realizarse el lunes próximo, para ordenar la línea que desplegará la mesa encargada de sumar voluntades para la reforma laboral, una de las obsesiones de Milei.
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Para eso, este viernes volverán a verse las caras en el despacho del ministro coordinador la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
La articulación política deberá resolver el temario que se enviará al Congreso, y del que podría quedar afuera la reforma del Código Penal para concentrar esfuerzos en la aprobación del proyecto de ‘Modernización Laboral’.
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“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la reforma laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de ‘Modernización”, confesó a la Agencia Noticias Argentinas una importante fuente de la administración libertaria.
Tras el receso de los primeros días de enero, en los que los funcionarios y legisladores estuvieron habilitados a tomarse algunos días de vacaciones, el Poder Ejecutivo deberá reactivar la agenda si aspira a anotarse un nuevo triunfo en el Congreso.
Los únicos que mostraron en actividad inclusive durante los primeros días de enero fueron el propio Milei, el asesor Santiago Caputo y Santilli, quien llevó a cabo recorridas por el interior del país.
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El Gobierno cumplió con el trámite legal y mandó al Congreso el decreto para cambiar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida causó bronca en la oposición y en grupos de derechos humanos por los nuevos poderes que les da a la entidad. El punto que más preocupa es que ahora los agentes pueden llevarse detenida a una persona sin que un juez lo pida antes. Para muchos sectores, esto rompe las reglas básicas de la Constitución y el respeto por los ciudadanos.
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Ahora empezó a correr el reloj: el Congreso tiene diez días hábiles para revisar el papel. Pero hay un problema administrativo en el medio: la comisión especial que tiene que mirar estos decretos todavía no existe. Los jefes de las cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, no nombraron a los legisladores que deben integrarla. La oposición cree que esto es una táctica para ganar tiempo y que el decreto siga valiendo mientras la discusión se demora.
Como la comisión no arranca, los diputados opositores decidieron ir por otro camino. La ley dice que si pasan los diez días y la comisión no dice nada, cualquiera de las cámaras puede pedir que el decreto se vote directamente en el recinto. Por eso, ya marcaron la primera semana de febrero en el calendario para tratar de tumbar la medida en una sesión especial. La idea no es esperar a que el oficialismo decida cuándo debatir.
Para anular un decreto de este tipo se necesita que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores voten en contra. En la Cámara baja, la cuenta está muy ajustada. Si ese día están todos presentes, hacen falta 129 votos para rechazarlo. Hoy, los legisladores que no están de acuerdo con darle tanto poder a la SIDE aseguran que ya tienen unos 122 votos y esperan convencer a algunos indecisos en las próximas semanas.