Dieciocho personas terminaron procesadas el lunes por corrupción en el marco de la causa por supuestas compras irregulares, licitaciones amañadas, sobreprecios y coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ese mismo día, la Cámara Federal de Casación rechazó un pedido de los hermanos Kovalivker, dueños de la firma Suizo Argentina, para anular la investigación. Esta semana se abrirá el servidor informático secuestrado en esa droguería, que en un año fue beneficiada con compras por 55.000 millones de pesos. El fiscal federal Franco Picardi avanza en esta línea de investigación con “marcada evidencia del rol preponderante de esa firma dando órdenes dentro de la ANDIS”.
La Droguería Suizo Argentina tiene un extenso historial de contratos que están bajo estudio de la justicia. Además de los contratos con ANDIS, hay acuerdos con algunas provincias y una contabilidad que comienza a ser inspeccionada por la justicia federal, como parte de un “complejo rompecabezas”, como definen fuentes judiciales.
Cuando se allanó la sede de la droguería, la fiscalía buscaba reconstruir sus movimientos económicos. Por eso requirió documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa. Y junto con eso, se secuestró el servidor de la empresa.
Esta semana se abrirá esa prueba clave para la justicia federal, cuyo contenido comenzará a ser entrecruzado con la documentación que tiene el fiscal Picardi.
En los procesamientos que este lunes firmó el juez Sebastián Casanello se incluyeron los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, también lo acusan de haber sido jefe de una asociación ilícita. El ex funcionario libertario fue embargado por 202.828.725.464 pesos.
La célula de corrupción en la ANDIS
Luego de una exhaustiva investigación, explicó el juez Casanello, se dio por corroborado que funcionarios de la ANDIS y del sector privado vinculado al rubro de la salud, de manera coordinada y bajo «acuerdos espurios», “integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública”.
En palabras del fiscal. Picardi, recogidas por el juez, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la agencia habría funcionado como “el centro de operaciones” de diversas actividades ilícitas; esto es, “como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando; y, además, como una ventanilla administrada o co-gestionada por agentes externos con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.
La droguería Suizo Argentina quedó afuera de esa tanda de procesamientos, pero no así fuera de la investigación. El fiscal Franco Picardi continúa profundizando la pesquisa concentrada en el rol de la compañía y de sus dueños, los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker y su padre, Eduardo.
Todo ellos pidieron anular el expediente, pero este lunes la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la pretensión.
Se entendió que la droguería Suizo Argentina debe seguir bajo investigación, ya que “aparece sindicada en diversos registros y comunicaciones de los procesados. Un alto ejecutivo de la droguería dio su “visto bueno” para despedir a la Directora General Técnica Administrativa del ANDIS. En otro chat analizado por la justicia, el procesado Pablo Atchabahian manifiesta que: “Es importante tener gente con la bandera correcta”, junto con el emoji de la bandera de Suiza. Luego, en una conversación que sostuvo con el también procesado Matias Garbellini, le responde que lo hablara con “el helvético”.
Además, la Casación recordó que Jonathan Kovalivker eludió a la justicia durante cuatro días tras escapar de un allanamiento en su domicilio, presentándose finalmente ante la justicia con un teléfono celular que había sido reseteado de fábrica para eliminar cualquier rastro de información. Por su parte, su hermano Emmanuel fue interceptado por las fuerzas de seguridad en el exclusivo barrio de Nordelta mientras intentaba abandonar el predio en su vehículo.
En la vivienda de Jonathan, la caja fuerte fue hallada abierta, con bandas elásticas desparramadas y apenas unos pocos dólares sueltos, lo que sugiere que fue vaciada minutos antes del arribo policial. Luego, al requisar el auto de Emmanuel se encontraron 266.000 dólares distribuidos en una decena de sobres con anotaciones, junto a 7 millones de pesos en efectivo.
El caso también puso bajo la lupa la ostentosa vida de los empresarios, caracterizada por una colección de autos de lujo que supera las 15 unidades, incluyendo modelos exclusivos de Ferrari y Porsche. Jonathan, piloto amateur en la categoría Porsche GT3 Cup Trophy, atesoraba ejemplares como el 911 GT3 RS y el GT2 RS, mientras que su padre Eduardo prefiere las Ferraris clásicas, como su modelo 275 GTB de 1965.
Durante los procedimientos en las propiedades de la familia y en la sede de la Droguería Suizo Argentina también hubo movimientos inusuales.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que si bien es un “tramo más complejo” ya que en todos los celulares abiertos hay “menos referencias en los teléfonos a los Kovalivker. Sí hay fuertes indicios y un rol muy marcado por parte de la Suizo en la Agencia de Discapacidad”. Está datos se entrecruzarán con los que surja del servidor.
De esta manera, los investigadores ubican a la droguería en un “rol de dar órdenes dentro de la ANDIS, tomando decisiones sobre personal y procesos”.
Lo que se desprende del pedido de indagatoria del fiscal Franco Picardi, como de la resolución firmada por el juez Sebastián Casanello, es que “claramente hay una ubicación de la Suizo a través de Sebastián Nurenuren y de distintas referencias de los procesados que muestran que daban órdenes a la ANDIS. A través de Daniel Garbellini y Pablo Atchabahian (ex funcionarios) daban órdenes para despedir gente, gran parte de las cuestiones de le consultaban a la Suizo”.
Por ese motivo, «ya se advierte un grado de participación en la Agencia que claramente no está establecido en los procedimientos legales, dando órdenes a través de personas que terminaron procesadas”, explicaron fuentes allegadas a la causa a Clarín.