El Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques, presentará un paquete de reformas penales con un enfoque distinto al originalmente planteado. Según pudo conocer este medio, la iniciativa abandonará la idea de un nuevo Código Penal integral para avanzar con modificaciones parciales y específicas, concentrándose en el agravamiento de penas para ciertos delitos.
Un cambio de rumbo en la agenda
La propuesta inicial, trabajada por una comisión de juristas y luego revisada por exfuncionarios, sufrirá una reconfiguración significativa. El eje ahora está puesto en lo que desde el oficialismo denominan «avanzar sobre lo seguro», dejando de lado por el momento reformas de alto impacto político y social que generaban amplia controversia.
Entre los puntos que quedarían fuera de esta etapa se encuentran la posible repenalización del aborto, la eliminación de la figura de femicidio y la declaración de imprescriptibilidad para los delitos de corrupción. «Iba a ser una guerra absoluta», evaluó un referente del espacio oficialista sobre el proyecto original, que finalmente fue pausado.
Los ajustes clave en la mira
Uno de los cambios más sustanciales que se analiza es la modificación del umbral para perseguir el lavado de activos. La ley vigente establece un piso de 150 salarios mínimos. La nueva propuesta elevaría ese número a 5.000 millones de pesos, lo que, según analistas, podría dejar fuera de investigación varios casos en trámite.
Paralelamente, el proyecto incorporaría nuevas figuras delictivas para combatir modalidades de crimen en expansión. Se buscará tipificar específicamente las estafas piramidales, con penas que podrían ir de tres a doce años de prisión, especialmente si se acredita que la víctima no podrá recuperar el dinero. También se incluirían formas de robo como las denominadas «viudas negras» y «salideras».
Consultas y nuevo ritmo legislativo
El ministro Mahiques ya se reunió con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Tras el encuentro, se confirmó que el máximo tribunal será consultado sobre los ajustes al Código Penal antes de la presentación formal del proyecto. El mismo criterio de revisión exhaustiva se aplicará a los pliegos de candidatos a cargos judiciales que se enviarán al Senado, priorizando vacantes en fueros con alta carga de trabajo pero menor exposición política.
El paquete de reformas también pretende reforzar los derechos de las víctimas dentro del proceso penal. Se introduciría un «criterio de interpretación pro-víctima», que obligaría a jueces y fiscales a ponderar sus derechos con mayor amplitud y les otorgaría un rol más activo en decisiones clave.
El texto final, que lleva la impronta del nuevo ministro y su equipo, será elevado al presidente Javier Milei para su aprobación antes de iniciar su trámite parlamentario. Desde el Gobierno enfatizan que no se enviará al Congreso «nada que no se haya revisado» minuciosamente.