El ministro Federico Sturzenegger defendió la iniciativa del Ejecutivo ante senadores de Unión por la Patria, en una sesión marcada por intercambios sobre la trayectoria del funcionario y los fundamentos de la reforma.
En las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado se debatió el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa propone modificaciones en la ley de expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial en materia de desalojos, el régimen de regularización dominial de barrios populares, la protección de tierras rurales, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Ley de Manejo del Fuego.
El ministro Federico Sturzenegger, en representación del Gobierno, sostuvo que la protección de la propiedad privada es un requisito indispensable para el desarrollo y vinculó la fragilidad fiscal histórica del país con la vulneración de esos derechos. «Este proyecto es un compendio de leyes que han violado el artículo 17 de la Constitución y lo venimos a remediar», afirmó.
Senadores del bloque Unión por la Patria cuestionaron la trayectoria pública del ministro durante el debate. El jefe del bloque, José Mayans, lo vinculó con políticas económicas de crisis anteriores, como el megacanje de 2001 y la emisión de Lebac en 2018. El senador Martín Soria realizó críticas personales y calificó su presencia como «una grotesca provocación».
Sturzenegger rechazó las acusaciones, negó haber participado en los gobiernos mencionados y respondió con un mensaje político: «¿Se preguntan por qué perdieron las elecciones? Porque se fueron dos millones de jóvenes del país». Defendió el proyecto como una herramienta para fomentar la inversión, el empleo y evitar la emigración.
El intercambio marcó uno de los momentos más álgidos de la jornada y anticipa un debate complejo para el avance de la iniciativa en el Congreso. Sobre la situación judicial de Sturzenegger por el megacanje de 2001, la causa fue cerrada sin condena en su contra luego de que la Cámara Federal revocara un procesamiento inicial y dictara su sobreseimiento, decisión que fue posteriormente confirmada.