El sector del girasol podría duplicar su producción y alcanzar los US$5000 millones en exportaciones en tres años, según la industria aceitera, aunque enfrenta desafíos logísticos y sanitarios.
El girasol tiene un margen significativo para expandirse en Argentina y podría transformarse en la cuarta industria generadora de divisas del país, con un potencial de exportaciones de US$5000 millones en un plazo de tres años. Así lo afirmó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), durante el Congreso de Asagir realizado en Mar del Plata.
Según Idígoras, el complejo girasolero podría ampliar su superficie a más de cuatro millones de hectáreas y duplicar las exportaciones de aceite, pasando de 1,5 a 3 millones de toneladas. El aporte actual del sector ronda los US$2800 millones.
Este crecimiento se ve favorecido por un contexto internacional donde la demanda busca proveedores fuera de la región del Mar Negro, debido al conflicto entre Ucrania y Rusia, lo que abre oportunidades para Argentina. Los números ya reflejan un cambio: la molienda de girasol proyecta alcanzar los 5 millones de toneladas y las exportaciones de semilla marcan un récord histórico, superando el millón de toneladas.
Sin embargo, el sector enfrenta riesgos que podrían afectar su potencial. Uno de los principales es el conflicto logístico: un paro de transportistas de siete días, en plena cosecha, frenó el ingreso de granos a los puertos y paralizó la operatoria exportadora, generando demoras y reprogramación de buques.
Además, existen preocupaciones sanitarias. Se han detectado casos con residuos de pesticidas por encima de los límites permitidos y el uso de productos no autorizados por el Senasa, en un mercado internacional cada vez más estricto con los controles.
Idígoras también planteó la necesidad de reducir los derechos de exportación para el girasol, que actualmente tributan un 4,5%, y consideró clave mejorar las condiciones internas, reducir los excesos regulatorios y permitir que la actividad privada resuelva sus conflictos contractuales para sostener el crecimiento del sector.