El Senado será el escenario central de la agenda legislativa en los próximos meses, donde se debatirán proyectos sobre discapacidad, salud mental y propiedad de la tierra, respaldados por una sólida mayoría oficialista.
El Senado se ha convertido en el eje principal de la agenda legislativa del Gobierno para los próximos dos meses. El Ejecutivo ha enviado a la Cámara Alta un paquete de leyes que incluye reformas en materia de Discapacidad, Salud Mental y propiedad de la tierra, las cuales ya ingresaron al recinto para su debate.
La elección de esta cámara responde a la mayoría parlamentaria que logró consolidar la bancada oficialista, liderada por Patricia Bullrich, en alianza con sectores dialoguistas, la UCR, el PRO y varias fuerzas provinciales. Este acuerdo le garantiza al oficialismo un piso de entre 40 y 44 votos, aislando al bloque peronista histórico, que queda reducido a una minoría de unos 25 legisladores. Esta estrategia le permite al Gobierno asegurar la última palabra ante posibles modificaciones que pudiera introducir la Cámara de Diputados.
La agenda del Senado demandará un trabajo intensivo en las próximas semanas, ya que además de estos tres proyectos, los senadores deben tratar cerca de 90 pliegos pendientes, así como otras iniciativas en espera como la reforma laboral y la Ley de Glaciares.
Detalles de las reformas propuestas
Reforma en Discapacidad: El proyecto exige un reempadronamiento médico y socioeconómico estricto para mantener las pensiones. Este beneficio será incompatible con el trabajo formal y se congelará en un 70% de la jubilación mínima, sin aumentos adicionales. El Estado cruzará datos de forma permanente con ANSES y ARBA para suspender preventivamente los pagos ante irregularidades.
Reforma en Salud Mental: La normativa devuelve un mayor peso en la toma de decisiones a la figura del médico psiquiatra. Flexibiliza criterios actuales y vuelve a permitir las internaciones involuntarias en casos de riesgo grave para el paciente o terceros. Además, habilita nuevos tratamientos, bajo regímenes de internación o ambulatorios, para problemas de consumo de sustancias.
Reforma sobre propiedad de la tierra (Ley de Glaciares): El proyecto elimina el límite histórico de mil hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros, permitiendo a particulares internacionales adquirir terrenos sin restricciones en todo el país. Solo los Estados extranjeros o sus entidades deberán solicitar autorización previa. La normativa también limita fuertemente las expropiaciones, un punto que podría complicar la regularización de barrios populares consolidados, y suprime la prohibición de desalojos que protegía por diez años a los habitantes de estas zonas. Elimina, además, la obligación estatal de destinar un 25% de las obras de infraestructura a organizaciones comunitarias de los barrios.
En paralelo, el Gobierno busca instrumentar un sistema de desalojos exprés, reduciendo los plazos legales de intimación por falta de pago de diez a tres días, y facilitando el proceso de ejecución final. Finalmente, la reforma deroga normativas ambientales de la Ley del Manejo del Fuego, eliminando las prohibiciones de 60 años para vender humedales, áreas protegidas o bosques nativos arrasados por incendios, así como el bloqueo de 30 años para modificar el destino productivo de zonas agrícolas quemadas.