El oficialismo envió al Congreso un proyecto que elimina las PASO, modifica el financiamiento de partidos y establece la Ficha Limpia. Bullrich, Coto y Menem son los nombres que lideran la negociación.
El presidente Javier Milei envió al Senado un ambicioso proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, la modificación del sistema de creación y financiamiento de los partidos políticos, y la incorporación de la Ficha Limpia para candidatos. La iniciativa busca recuperar la narrativa “anti-casta” del oficialismo, opacada en las últimas semanas por el escándalo en torno a Manuel Adorni.
El proyecto ingresó por la Cámara Alta y será tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador fueguino Agustín Coto. Coto planea avanzar primero con el proyecto de Propiedad Privada, impulsado por Federico Sturzenegger, para luego centrarse en la reforma electoral. Será el miembro informante de La Libertad Avanza, encargado de defender el texto.
Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, tendrá la tarea de negociar con otros espacios para conseguir los votos necesarios. Desde la Casa Rosada, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, mantiene contacto permanente con los senadores para monitorear el avance.
En el oficialismo niegan que exista un “timing” electoral para desviar la atención de los casos de corrupción. Afirman que el proyecto comenzó a trabajarse el año pasado, liderado por la diputada Giselle Castelnuovo, abogada especializada en temas electorales, en conjunto con María Luz Landívar, de la Dirección Nacional Electoral (DINE). También se menciona la participación de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, aunque desde el oficialismo aseguran que el texto final fue elaborado principalmente por la DINE y Castelnuovo.
La comisión de Asuntos Constitucionales está integrada solo por miembros de La Libertad Avanza y bloques afines. El oficialismo confía en un dictamen rápido, pero el peronismo denuncia que se les impide integrar la comisión, como ocurrió con otros proyectos. La senadora Juliana Di Tullio calificó la situación como un “atropello institucional”.