En medio de la controversia por los despidos en el SMN, el gremio ATE convocó una jornada de protesta para el jueves 30 de abril. La medida responde a los dichos del ministro Federico Sturzenegger sobre la modernización del organismo.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que el jueves 30 de abril se llevará a cabo un paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en respuesta a las recientes declaraciones del ministro Federico Sturzenegger. La medida se da en el marco de la polémica por el despido de 140 empleados y la amenaza de que 240 trabajadores pierdan sus puestos.
Este martes a las 11.30 se realizará una asamblea para definir los detalles de la protesta. La semana pasada, un “apagón informativo” programado por el gremio fue declarado ilegal por el Gobierno, lo que obligó a suspenderlo. En esa ocasión, la medida afectaría a los vuelos de todo el país, ya que sin información meteorológica no podrían operar los aeropuertos.
En una resolución oficial, el Poder Ejecutivo sostuvo que “el servicio meteorológico para la navegación aérea es un servicio público esencial”, amparándose en las leyes 27.161 y 25.877. Por ahora, se desconoce si el paro del jueves correrá la misma suerte.
Sturzenegger, en un extenso posteo en X, defendió la modernización del SMN: “Tener un mejor SMN tiene muchas ventajas, no solo para el ejército, sino para la población civil”. Cuestionó la estructura actual del organismo, que cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas y cerca de 1000 empleados, de los cuales solo unos 20 serían meteorólogos. Según el ministro, gran parte de los datos se recolectan de forma manual en estaciones con más de 50 años de antigüedad.
“El absurdo es que los sueldos de esas personas permiten pagar una estación moderna que transmite esos datos en tiempo real, sin necesidad de personal”, afirmó. Agregó que una modernización permitiría reducir la planta a unos 150 empleados y mejorar el servicio.
Por su parte, el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) rechazó las declaraciones del ministro. Su presidenta, Carla Gulizia, calificó los argumentos como “falacias y barbaridades” y señaló que buscan “justificar los despidos”. Además, recordó que el organismo ya tenía un proceso de modernización en marcha antes del cambio de gestión y que existen regulaciones internacionales que deben cumplirse.