El Gobierno de Filipinas desmintió que las fuerzas de seguridad hayan asaltado el Senado para arrestar al senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa, en medio de la tensión política entre los clanes Duterte y Marcos.
Bangkok, 18 may (EFE).- El Gobierno filipino negó este lunes que el Senado fuese asaltado por las fuerzas de seguridad del país para detener al legislador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa, contradiciendo la versión del recién investido presidente de la Cámara, Alan Peter Cayetano, tras el tiroteo registrado en el edificio la noche del miércoles.
«El Senado no fue atacado; pueden comprobarlo en las noticias. No solo en las declaraciones de la NBI (Oficina Nacional de Investigación) y la PNP (Policía Nacional). Fue únicamente la declaración del senador Alan Cayetano (…) el Senado nunca estuvo bajo ataque», indicó la jefa de prensa de la presidencia filipina, Claire Castro, en una rueda de prensa.
El miércoles por la noche los medios filipinos informaron sobre una ráfaga de disparos en el interior del Senado y, poco después, Cayetano aseguró que una de las instituciones más poderosas del país estaba siendo atacada, al tiempo que Dela Rosa abandonaba el edificio para permanecer desde entonces en paradero desconocido.
El senador se había atrincherado durante tres días en la cámara para evitar su detención, después de que el lunes pasado la Corte Penal Internacional (CPI) hiciese pública una orden de arresto por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), actualmente detenido en La Haya a espera de juicio.
Este lunes, el abogado de Dela Rosa, Israelito Torreon, dijo al medio GMA que existen posibilidades de que el legislador vuelva al Senado esta semana, coincidiendo con el juicio político contra la vicepresidenta filipina, Sara Duterte, hija del exmandatario, acusada de delitos de corrupción.
Tanto Dela Rosa como Cayetano son aliados de los Duterte y, de hecho, el primero reapareció en el Senado el pasado lunes para reforzar el poder de su clan político y renovar la presidencia de la cámara para asegurar que el proceso en contra de la vicepresidenta no prosperase.
A finales de marzo se presentaron dos denuncias que vinculan a Sara Duterte con supuestos delitos de corrupción, dando comienzo a un intrincado y largo proceso que podría terminar con una inhabilitación de por vida para ocupar un cargo público.
Duterte fue elegida vicepresidenta durante las elecciones de 2022, a las que concurrió en tándem con el presidente, Ferdinand Marcos Jr., pero la alianza se desintegró poco después y llegó a su punto álgido cuando en noviembre de 2024 la hija del exmandatario afirmó haber ordenado matar a Marcos si ella misma era asesinada.
Este caso ha agravado la tensión política en Filipinas y dividido todavía más al país, que está actualmente gobernado por dos poderosos clanes, los Marcos y los Duterte.
La CPI considera a Dela Rosa, exjefe de la Policía Nacional, presunto «coautor indirecto» de los crímenes cometidos durante la sangrienta campaña antinarcóticos de Duterte, en la que fueron asesinadas extrajudicialmente unas 6.000 personas, una cifra que oenegés elevan hasta 30.000.
La Justicia internacional afirma que Dela Rosa, más conocido por el sobrenombre de ‘Bato’ (roca, en tagalog), contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que «autorizaban, toleraban y promovían» los asesinatos, y que alentó a agentes a justificar muertes mediante «escenarios ficticios de defensa propia».