El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez afirmó a través de sus redes sociales que sectores del Pacto Histórico vinculados al representante Hernán Muriel buscan afectar su desplazamiento a Segovia.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció a través de sus redes sociales un presunto intento de sabotaje a su visita a Segovia por parte de sectores vinculados al Pacto Histórico. En su mensaje, el exmandatario aseguró haber recibido información sobre supuestas acciones dirigidas a afectar su desplazamiento en la región, señalando la posible participación del representante a la Cámara Hernán Muriel Pérez.
En su pronunciamiento, Uribe afirmó: “Tengo información que sectores del Pacto Histórico que vinculan al representante Hernán Muriel, buscan sabotear con mentiras mi visita del día de mañana a Segovia y a la región para hablar sobre Paloma Valencia”. En el mismo mensaje agregó que el único objetivo de la venta de la mina fue “salvar las pensiones y la fuente de empleo de los trabajadores”, y aseguró que el proceso se realizó “con toda transparencia”.
El expresidente indicó además que en Segovia se hablará sobre la formalización minera, tema central de su agenda en la región. Según lo expuesto en su publicación, el objetivo del encuentro es abordar este asunto en el marco de su visita.
Choques previos entre Uribe y Hernán Muriel
No es la primera vez que Álvaro Uribe Vélez y Hernán Muriel Pérez protagonizan enfrentamientos políticos. Recientemente, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico denunció haber recibido más de 35 amenazas tras un altercado con Uribe en Llanogrande, Antioquia. El episodio surgió luego de una intervención artística en homenaje a las víctimas de los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
De acuerdo con lo relatado por Muriel en entrevista con Rtvc, las amenazas llegaron horas después de un enfrentamiento público con Uribe, quien interrumpió su agenda para borrar personalmente un mural de la memoria pintado por colectivos sociales cerca de su finca en Llanogrande. El representante detalló que uno de los mensajes más graves advertía que si en 20 días no abandonaba su vivienda junto con su familia, serían asesinados. “Me han enviado un mensaje en específico, de los más de 35 mensajes de amenazas y hostigamientos graves que hemos sistematizado para realizar la denuncia, no solo en contra de esas personas, sino de Álvaro Uribe también, en donde me dan 20 días y me dicen que si en 20 días no me voy de mi casa con mi familia, entonces llegan a asesinarnos a mí y a mi familia”, relató Muriel al canal estatal.
El mural de la memoria y su impacto político
El mural, realizado el 19 de mayo en un espacio público de Llanogrande, contenía la frase “7.837 almas que no te dejan dormir”, en referencia a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales reconocidas por la JEP. La intervención fue impulsada por organizaciones sociales. La reacción del expresidente Uribe fue inmediata: acompañado de simpatizantes, confrontó a los manifestantes y procedió a borrar el mural, calificando la acción como una provocación y un irrespeto hacia su familia.
Por su parte, Muriel desmintió desde sus redes sociales las versiones que circularon tras el incidente y denunció una campaña de desinformación. “Estas mentiras que está diciendo Álvaro Uribe están siendo difundidas masivamente por algunos medios tradicionales. Es inaudito. Debemos hablar y difundir con urgencia la verdad”, sostuvo el representante, quien además aclaró que el mural no hacía referencia a Uribe ni a su familia, y que la movilización no tuvo carácter electoral ni coordinación con el Pacto Histórico.
Denuncias de agresiones y escalada de tensión
Muriel también denunció agresiones físicas sufridas durante el incidente, señalando que su pareja fue golpeada en el rostro y que los manifestantes enfrentaron la presencia de escoltas, bates y personas armadas. “Querían que hubiera una guerra que no permitimos que ocurriera”, afirmó en sus redes sociales. El representante subrayó que la acción fue legítima, notificada a las autoridades locales y acompañada por veedurías, defensores de derechos humanos y medios alternativos.