La intendenta del Parque Nacional Lanín, Ana María de las Nieves Aquín, envió una notificación formal a la municipalidad denunciando la “extrema gravedad ambiental e institucional” por el funcionamiento deficitario del sistema cloacal urbano.
La intendenta del Parque Nacional Lanín, Ana María de las Nieves Aquín, envió el martes pasado una notificación formal al intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, denunciando la “extrema gravedad ambiental e institucional” derivada del funcionamiento deficitario del sistema cloacal urbano. La intimación otorga un plazo de 72 horas para presentar informes técnicos y planes de contingencia.
La notificación advierte que los vertidos de efluentes sin tratar en los arroyos Pocahullo y Calbuco afectan la calidad del agua del Lago Lácar, impactando en un ecosistema protegido por leyes nacionales. Desde el Parque Nacional Lanín indicaron que la situación requiere abordajes técnicos inmediatos, articulación interinstitucional y medidas preventivas sostenidas.
Un grupo de vecinos solicitó a la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos un informe detallado sobre el estado de las plantas de tratamiento. La cooperativa admitió un “error involuntario” en la entrega de datos y reconoció un déficit estructural: las ampliaciones del sistema proyectadas para 2008 y 2018 no fueron ejecutadas por el Estado.
Marcela Mariña, vicepresidenta del consejo de administración de la Cooperativa de Agua Potable de San Martín de los Andes, afirmó: “Se ratificó que las plantas necesitan inversión y ampliaciones, previstas, algo que se viene reclamando desde el año 2008”.
El defensor del Pueblo y del Ambiente de la localidad, Fernando Bravo, manifestó su preocupación ante el riesgo sanitario. Alertó que la capacidad de las plantas se ve sobrepasada durante la temporada estival y advirtió sobre deficiencias en el depósito de barros cloacales. El jueves último, la Defensoría reclamó un plan de contingencia por nuevos derrames y dio intervención a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, la Cancillería argentina, la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén y la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales.
En diciembre de 2024, la rotura de una cañería en la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales (PTEC-1) obligó a activar un bypass que derivó líquidos con tratamiento parcial al lago, lo que motivó la clausura preventiva del acceso costanero. En septiembre de 2025, otra rotura crítica provocó un vertido de emergencia al arroyo Pocahullo y la clausura de la playa del centro. Desde el parque Lanín solicitaron información técnica a la municipalidad y al Organismo de Control Municipal (OCM), pero “nunca se recibió la información requerida”, según indicaron desde el área protegida.
Desde la municipalidad confirmaron que el OCM, órgano independiente que regula la concesión del sistema de agua potable y cloacas, se encargará de la respuesta. Se prevé que su coordinador, Saúl Castañeda, brinde una respuesta técnica esta semana.
Aquín sostuvo: “La continuidad, pasividad o negligencia ante los vuelcos de efluentes sin tratar impacta de manera directa sobre un ecosistema protegido por leyes nacionales, generando efectos acumulativos y sinérgicos de degradación ambiental de carácter irreversible”. Agregó que “la planificación urbana y el otorgamiento de factibilidades edilicias no pueden disociarse de la capacidad real de soporte de la infraestructura sanitaria”.
Valeria López Oronoz, vecina de San Martín de los Andes, presentó un pedido formal de información a la Cooperativa y señaló que el municipio impulsa un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, un Plan de Movilidad Urbana y un Código de Planeamiento Urbano. Preguntó: “¿Se puede planificar el crecimiento de una ciudad turística cuando su propio prestador sanitario reconoce que el sistema cloacal ya opera al límite?”.
Hace un año, el gobernador neuquino Rolando Figueroa y el intendente Saloniti firmaron un convenio para ejecutar la obra de tratamiento y disposición de barros cloacales, con aportes del 50% cada uno. El acuerdo quedó fuera del presupuesto. Aquín reclamó un cronograma de obras definitivo con plazos, fuentes de financiamiento y responsables institucionales.
Desde la ONG Amigos de la Patagonia calificaron la liberación de líquidos cloacales al lago como un “delirio” y subrayaron el impacto negativo en el ecosistema y la economía turística de la región.