El gobierno bonaerense intimó a Mercado Libre por $1.800 millones. Especialistas y competidores cuestionan sus prácticas comerciales.
Buenos Aires, 2 de junio (NA) — Tras la advertencia del gobierno bonaerense contra Mercado Libre, especialistas en comercio digital cuestionaron las prácticas del gigante del comercio virtual.
El abogado Osvaldo Bassano, de la Asociación de Usuarios y Consumidores (ADUC), y Leonardo Ferrucci, principal accionista de la billetera virtual Waya, analizaron las prácticas comerciales de Mercado Libre.
La polémica se originó luego del anuncio de Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, dependiente del ministro de Producción, Augusto Costa, quien tiene a cargo la Dirección de Defensa al Consumidor en el ámbito bonaerense. Aguilar explicó que la empresa fundada por Marcos Galperin encabeza el listado de firmas con más denuncias individuales en Defensa al Consumidor, con 2.396 en lo que va del año.
Los motivos de las denuncias incluyen tarifas poco claras, cargos ocultos, sustracción de fondos de cuentas de terceros por considerarlas asociadas a un deudor moroso y falta de responsabilidad ante casos de fraude o hackeo.
Bassano, abogado especializado en derecho del consumidor, sostuvo: “El problema parte de que Mercado Libre es juez y parte. Cuando hay una controversia, el primer ámbito de resolución es la propia plataforma. Si no pudiste resolver o no te gusta, tenés que ir a los tribunales de CABA”.
“El sistema está pensado para que la gente desista de su reclamo. Esa es la mayor ganancia para ellos. En los últimos años, hubo fallos que equiparan a Mercado Libre con los clasificados de un diario, y de esa manera limitan su responsabilidad. Está mal, porque la plataforma tiene una capacidad de inducir a los compradores que los diarios no tenían y además está de los dos lados del mostrador”, agregó.
Por su parte, Leonardo Ferrucci, fundador y CEO de Waya, afirmó: “Se ha hablado mucho de la inclusión financiera que permite la tecnología pero esto es otra cosa. Familias que destinan entre el 40 y el 60 por ciento de sus ingresos al pago de cuotas y obligaciones financieras. Personas con ingresos mensuales de entre un millón y un millón doscientos mil pesos terminan afrontando compromisos mensuales que pueden superar los quinientos o seiscientos mil pesos”.
“Hoy los datos del sistema financiero muestran un deterioro creciente en determinados segmentos de crédito al consumo y una mayor presión sobre la capacidad de pago de los hogares. Esta situación debe preocupar tanto a quienes otorgan crédito como a quienes diseñan las políticas públicas”, reflexionó.
Para Ferrucci, “Mercado Libre y Mercado Pago han sido protagonistas de una revolución tecnológica y financiera regional, pero cuando una compañía alcanza una posición dominante dentro de un mercado, también es necesario analizar los efectos de concentración sobre la competencia y los consumidores. Comienzan procesos abusivos que a esta altura son evidentes y perjudican a muchas personas”.
Ambos expertos coincidieron en valorar la experiencia brasileña. En Brasil, MercadoLibre tiene presencia pero sus prácticas no son tan cuestionadas. Por un lado, Pix, creada desde el Banco Central, es pública, gratuita y masiva; el 80 por ciento de las operaciones del país pasan por ahí. Ferrucci señaló que “se puede desarrollar una aplicación nueva desde cero o potenciar las preexistentes para que puedan competir”. Por otro lado, el sistema normativo. Bassano sostuvo: “En Brasil se toman muy en serio el derecho del consumidor. Hay acciones abusivas que pueden encuadrarse como estafa y hubo procesos que terminaron con penas de prisión efectiva. En cambio acá destruyeron la secretaría”.