A partir del lunes 15 de junio, los usuarios que deseen obtener la Tarjeta de Transporte Público de la Comunidad de Madrid deberán acreditar su empadronamiento en Madrid o en municipios de las zonas tarifarias E1 y E2.
A partir de este lunes, quienes deseen obtener la Tarjeta de Transporte Público (TTP) de la Comunidad de Madrid, conocida como el abono mensual, deberán estar empadronados en Madrid o en alguno de los municipios incluidos en las zonas tarifarias E1 y E2.
La nueva exigencia, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), llega en medio del debate de la ‘prioridad nacional’ que defiende Vox para el reparto de ayudas públicas y a la que también se ha sumado el PP en las autonomías donde forma gobierno con el partido de Santiago Abascal. La medida no solo excluye a personas extranjeras en situación administrativa irregular, sino que también afecta a estudiantes provenientes de otras provincias o países y a trabajadores que residen en otras comunidades pero desarrollan su actividad laboral en Madrid.
El Consorcio Regional de Transportes ha publicado en su web la lista de municipios donde se aplicará la medida. Los usuarios que no estén empadronados en estas localidades no podrán obtener ni renovar la tarjeta, tampoco en caso de extravío.
En cuanto a Castilla y León, los títulos seguirán siendo válidos en los municipios incluidos en los convenios firmados con la Comunidad de Madrid.
Para acreditar la residencia, será necesario presentar un certificado de empadronamiento o autorizar su consulta. La Consejería de Transportes remarca que esta medida no supone una novedad, sino que cumple lo dispuesto por la Ley del Consorcio Regional de Transportes, que reserva las bonificaciones financiadas con fondos públicos a los residentes de Madrid o de comunidades con convenio.
Fuentes de la Consejería de Transportes de Madrid han asegurado que la medida “no introduce ninguna novedad”, sino que aplica lo que ya establece la Ley del Consorcio Regional de Transportes, que las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes de Madrid o de las comunidades con convenios, según informa Efe.
“Es el momento adecuado para aplicar la medida”
La implantación de este requisito, asegura la consejería, se había retrasado por motivos tecnológicos y por el impacto de la pandemia. “Hoy, con el sistema plenamente consolidado, es el momento adecuado para aplicarla”, añaden esas mismas fuentes, que han recordado que el 94% de la financiación del transporte público recae sobre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos madrileños.
Según la administración, la medida solo afectará a un 3,4% de los usuarios y no tendrá carácter retroactivo: quienes ya poseen el abono podrán conservarlo en las mismas condiciones.
Los convenios con Castilla-La Mancha y Castilla y León se mantienen, así como alternativas de transporte subvencionadas para no residentes y excepciones para familias numerosas.
(Con información de EFE)