La Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno contra la ley de Financiamiento Universitario. Desde el sector universitario afirman que se debe pagar de inmediato la recomposición salarial y las becas.
La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional contra la ley de Financiamiento Universitario. Para el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la decisión implica que el Poder Ejecutivo debe cumplir con lo establecido en la norma, que incluye la actualización de los salarios docentes y no docentes de más de 60 universidades públicas del país.
El abogado constitucionalista Pablo Manili, quien presentó la demanda judicial en representación del CIN, afirmó a Clarín: “Se debe actualizar de inmediato los haberes de acuerdo a lo que manda la Ley. El Gobierno desde diciembre viene pateando, con chicanas, hasta llegar con un recurso extraordinario ante la Corte, que se resolvió hoy con el rechazo. Hay que pagar y punto”.
Manili descartó interpretaciones que sugieren una posible vuelta a primera instancia a raíz de un acuerdo salarial firmado días atrás. “Ya no queda otra instancia”, sostuvo.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, explicó que en el acta acuerdo suscripta recientemente entre el Gobierno, rectores y gremios del sector, el sector universitario no aceptó retirar la demanda judicial. Esa demanda ya contaba con dos fallos cautelares a favor: uno en primera instancia del juez Martín Cormick y otro ratificado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo a fines de marzo. Según Yacobitti, esa cautelar es la que ahora debe ejecutarse.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que el Gobierno debe pagar de inmediato la recomposición salarial retroactiva a diciembre de 2023 por inflación, así como las becas estudiantiles correspondientes a los artículos 5 y 6 de la ley comprendidos en la medida cautelar. “Caso contrario los funcionarios se enfrentan a responsabilidades penales, políticas -como el juicio político- y también patrimoniales personales por no cumplir la sentencia. Por ejemplo, que se pongan multas diarias sobre sus patrimonios”, indicó.
Consultado sobre el acuerdo salarial del 23,3% firmado hace diez días, Gil Domínguez afirmó que ese acuerdo “cesó” al haber sido superado por la vigencia de la ley a cumplir. Según cálculos del sector, los sueldos universitarios deberán aumentar en junio un 56% respecto de mayo, con impacto en el aguinaldo.
El juez Cormick debe definir ahora la cuestión de fondo: la constitucionalidad del decreto del Gobierno que suspendió la ley. Dado que Cormick ya concedió la cautelar y ordenó pagar al Gobierno, se considera improbable que falle en forma adversa a las universidades.