El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó este miércoles su confianza en la solidez jurídica del real decreto para la regularización de inmigrantes, luego de que el Tribunal Supremo planteara elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Madrid, 1 jul (EFE). El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declaró este miércoles tener “absoluta tranquilidad” respecto a la solidez del real decreto para la regularización de inmigrantes. La declaración se produjo después de que el Tribunal Supremo (TS) planteara la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si el decreto entra en conflicto con el derecho comunitario.
El Alto Tribunal comunicó esta decisión en dos providencias dictadas sobre sendos recursos presentados por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón contra la regularización. Las partes tienen plazo hasta el viernes para pronunciarse, y luego el TS decidirá si eleva la consulta y si adopta medidas cautelares solicitadas por ambos ejecutivos autonómicos para paralizar el proceso.
Bolaños señaló que la Comisión Europea “ya ha dejado claro que la regularización no choca con ninguna norma europea” y que “España tiene perfecto derecho a aprobar” una medida de estas características. Además, recordó que el TS ya rechazó en mayo pasado una solicitud de paralización presentada por la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones.
El ministro manifestó “total respeto” a la posibilidad planteada por el Supremo y a la decisión que pueda tomar el TJUE, pero aclaró que, de elevarse la cuestión prejudicial, el proceso de regularización no se suspendería. “Tenemos la absoluta tranquilidad de que es un real decreto muy sólido, que ha contado con todos los informes preceptivos” y “todos los controles desde el punto de vista jurídico”, afirmó Bolaños, citando el Consejo de Estado, la Abogacía del Estado y la Oficina de Calidad Normativa.
Consultado sobre un supuesto efecto llamada, Bolaños indicó que para solicitar la medida, anunciada en enero, la persona interesada debe estar en España desde una “fecha cierta” —antes del 1 de enero de este año— y que quienes hayan llegado después no pueden acogerse. Finalmente, destacó que el proceso “está siendo un éxito desde el punto de vista de los derechos”, ya que personas que vivían en España como “ciudadanos de segunda” obtendrán dignidad, empleos de calidad y podrán contribuir a la Hacienda Pública y la Seguridad Social.