La ex presidenta presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para frenar la ejecución patrimonial de la condena en la causa Vialidad.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para evitar el decomiso de sus bienes, un día después de que el máximo tribunal ratificara el monto actualizado de la condena en la causa Vialidad: $684.990 millones. La misma estrategia fue adoptada por el empresario Lázaro Báez.
La Corte Suprema rechazó los planteos de nulidad y confirmó la actualización del monto original de aproximadamente $85.000 millones, establecido por el Tribunal Oral Federal N.º 2. El caso se encuentra ahora en la etapa de ejecución patrimonial.
Entre los bienes que podrían ser alcanzados por el decomiso figuran propiedades de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, hoteles vinculados a firmas de su familia y otros activos incluidos en los expedientes judiciales. La defensa de la ex mandataria, a cargo del abogado Carlos Beraldi, busca excluir del proceso bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, al sostener que no hay pruebas de que esos activos provengan de los hechos investigados.
La causa Vialidad es uno de los expedientes de corrupción más relevantes de la historia reciente argentina. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en relación con 51 contratos de obra vial adjudicados en Santa Cruz. Esa sentencia fue confirmada por instancias superiores y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema.
El decomiso es una figura prevista en la legislación penal para recuperar activos obtenidos o vinculados con delitos contra el Estado. El cálculo original se basó en los perjuicios económicos atribuidos a las irregularidades en las licitaciones de obra pública investigadas.
El expediente tiene otros frentes abiertos. La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados, al sostener que los activos vinculados a causas de lavado deben quedar bajo la órbita de organismos especializados.
Especialistas consultados por medios nacionales señalaron que los recursos de queja no tienen efecto suspensivo automático, por lo que la Justicia podría avanzar paralelamente con las medidas para identificar, tasar y ejecutar los bienes alcanzados por la condena.
El caso tiene una dimensión política. Cristina Kirchner continúa denunciando una persecución judicial y cuestionando las resoluciones de los tribunales, mientras que el oficialismo considera que la ratificación de las condenas es un hito en la lucha contra la corrupción. La disputa por el patrimonio de la ex presidenta es el último tramo de un proceso judicial que se extendió durante más de una década y que ahora ingresa en la etapa de recuperación efectiva de los bienes reclamados por el Estado.