El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó este miércoles al ex capitán de navío Claudio Villamide a 3 años de prisión en suspenso por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, y absolvió por unanimidad a los otros tres imputados.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó este miércoles al ex capitán de navío Claudio Villamide a 3 años de prisión en suspenso por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos, fue declarado responsable de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, conforme al pedido de la fiscalía.
Los otros tres imputados —el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa— fueron absueltos por unanimidad del tribunal, integrado por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez.
La decisión se conoció pasadas las 12.30, cerrando un juicio que comenzó el 3 de marzo y que incluyó más de 30 audiencias con testimonios de expertos submarinistas, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en el plazo previsto por el Código Procesal; una vez conocidos, las partes podrán apelar.
Uno de los ejes centrales del fallo será determinar el vínculo entre los incumplimientos atribuidos a Villamide y el resultado final de la tragedia, cuya secuencia —desde la pérdida de control del submarino hasta su implosión— aún es materia de hipótesis.
Villamide ya había sido destituido de la Armada tras un proceso disciplinario en el Estado Mayor Conjunto, donde un Consejo de Guerra lo sancionó, entre otros puntos, por no haber ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie luego del incidente reportado en el tanque de baterías.
Durante el juicio declararon unos 90 testigos para evaluar el estado material del submarino al momento de su última operación, que incluía una fase de adiestramiento naval y otra de patrullaje y control del mar argentino. Se analizó documentación sobre novedades y pruebas pendientes del buque, y se intentó determinar si incidían en su seguridad náutica. Según los informes técnicos y la mayoría de los testigos, las reparaciones y tareas de mantenimiento pendientes —como la prueba de máxima profundidad, la prueba de presión del sistema principal de refrigeración y el ingreso a dique seco para el carenado— no impedían la operatividad del submarino.
Las defensas sostuvieron que esa conclusión quedaba respaldada por la decisión del comandante del buque, que ordenó la zarpada. La fiscalía, encabezada por Gastón Pruzán, argumentó que una serie de incumplimientos incrementó indebidamente el riesgo de la misión y contribuyó al hundimiento y a la muerte de los 43 hombres y la mujer que integraban la dotación.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado cinco años de prisión para Villamide y López Mazzeo; cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Alonso; y tres años y seis meses para Correa. El querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes, y las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias pidieron penas de prisión para todos los acusados; Tagliapietra reclamó ocho años de cárcel para Villamide. Sin embargo, ambos alegatos fueron anulados por apartarse de los límites de la acusación fiscal, ya que las querellas no presentaron un requerimiento propio de elevación a juicio.
El debate oral se realizó en Río Gallegos, luego de que la causa fuera instruida en Caleta Olivia y revisada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En una primera etapa, estuvieron imputados siete oficiales de la Armada. Los fiscales de instrucción Lucas Colla y María Garmendia, con el aval de la jueza Marta Yáñez, elevaron la causa a juicio oral con cuatro acusados.
Antes de escuchar el veredicto, Villamide proclamó su inocencia y cuestionó que la acusación hubiera precisado su conducta concreta. “Al día de hoy no entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio”, sostuvo. “No me han podido indicar qué es lo que hice mal ni cuál fue el incumplimiento de mis deberes que ocasionó la pérdida del control del buque”. Afirmó que todavía no existe una explicación definitiva sobre la mecánica de la tragedia y declaró en indagatoria en tres oportunidades, señalando que nunca le formularon preguntas concretas. “Esto es un juicio a la Armada”, dijo, y defendió la formación de los submarinistas y los procedimientos aplicados. Describió el impacto personal de la causa —destitución, pérdida del grado, imposibilidad de usar el uniforme— y rindió homenaje a los 44 tripulantes: “Mis submarinistas, los submarinistas argentinos, no eran personas o jóvenes con miedo de embarcarse e irse a inmersión. Todo lo contrario: siempre estuvieron orgullosos de lo que hacían”. Concluyó que el capitán Fernández y su tripulación “honraron las más altas tradiciones brownianas y de la Armada Argentina”.