Dos gerentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica presentaron su renuncia en medio de un conflicto por despidos. Nueve notas de funcionarios solicitan la restitución de 24 trabajadores desvinculados desde julio.
Tras la desvinculación de 60 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a partir del 1 de julio, funcionarios en puestos gerenciales entregaron nueve notas que piden la restitución de 24 de las personas despedidas al presidente del organismo, Martín Eduardo Porro. Además, dos gerentes presentaron la renuncia.
El presidente de la CNEA declaró en su cuenta de X: «Ningún operador licenciado, investigador ni personal especializado fue desvinculado. Que quede claro, estamos buscando potenciar la CNEA, no disminuirla». Fuentes de la comisión indicaron a La Nación que hay áreas virtualmente paralizadas.
Desde la comisión argumentaron que los trabajadores despedidos son aquellos que «no cumplían tareas técnicas o indispensables», «no se presentaban a trabajar», «su trabajo estaba duplicado» o «los gerentes o jefes inmediatos superiores dijeron que podían no contar con sus servicios». Aseguraron que «ningún área crítica está en riesgo» y que «las solicitudes provienen de gerentes de área a quienes se les pidió la renuncia previo a las desvinculaciones por estar en desacuerdo con los lineamientos del Gobierno».
Instituciones como la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN), la Academia Nacional de Ciencias (ACN), la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresaron su preocupación por el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica en referencia a la situación de la CNEA.
Los dos gerentes que renunciaron son Juan Manuel Ranalli, del área de Energía Nuclear, y Karina Alejandra Pierpauli, del área de Investigación, Desarrollo y Aplicación. Según miembros de la comisión, entre ambos manejaban unos 1400 empleados.
El 30 de junio se comunicaron 60 desvinculaciones mediante la no renovación de contratos, con participación de la Policía Federal y Gendarmería. Porro explicó que las bajas se aplicaron sobre «un universo de 300 personas contratadas» y que la medida se enmarca en cambios implementados por el gobierno libertario desde el inicio de su gestión, con el objetivo de «el crecimiento y la modernización de una estructura organizativa que necesita mayor dinamismo en todos sus proyectos».
Cinco gerencias de la CNEA manifestaron la necesidad de revisar la decisión. La Gerencia de la Central Argentina de Elementos Modulares (Carem) solicitó la reincorporación de 15 personas. También se pidió la restitución de 6 miembros del área de Energía Nuclear, 2 del sector de Seguridad Nuclear y Ambiente, y 1 del área de Desarrollo Tecnológico. Según denunciaron, se removieron cargos de ingenieros civiles, de instrumentación y procesos; analistas de seguridad radiológica y ambiental; y personal de limpieza y mantenimiento en laboratorios científicos.
Desde la CNEA advirtieron a La Nación: «No estamos dispuestos a hacer reincorporaciones por pedidos de gremios. Son contratos de tiempo determinado. Si las autoridades de la CNEA creen que necesitan de sus servicios en el futuro, se volverá a contratar bajo la misma modalidad». Agregaron: «Ningún gremio le dice a esta gestión a quién contratar y a quién no. Que dependan de esas áreas no quiere decir que sean técnicos. Hay gente en GAEN, Seguridad Nuclear o Carem que presta tareas administrativas, como fue la mayoría de estos casos».
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ocupó de manera pacífica la sede central de la CNEA tras conocerse la noticia de los despidos.