El gobierno de Estados Unidos impondrá un arancel del 25% sobre ciertas importaciones brasileñas a partir del 22 de julio, tras una investigación que detectó prácticas comerciales que considera desleales.
WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un nuevo arancel del 25% sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil, tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) que concluyó que las políticas brasileñas sobre comercio digital, aranceles, propiedad intelectual, acceso al etanol y deforestación afectan el comercio estadounidense. La medida entrará en vigor el 22 de julio, con exenciones para productos clave como la carne de res y el café, según detalló un alto funcionario estadounidense.
La administración de Donald Trump afirmó haber identificado una serie de prácticas comerciales que calificó como “desleales” por parte de Brasil. La orden también exime a algunos productos que no se fabrican en Estados Unidos o que podrían interrumpir las cadenas de suministro.
La USTR realizó la investigación durante más de un año y concluyó que Brasil incurría en diversas prácticas comerciales desleales, incluyendo una aplicación laxa de las leyes anticorrupción y la imposición de aranceles que consideró abusivos. Estados Unidos mantuvo un superávit comercial con Brasil durante años.
El representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, declaró que la medida es necesaria para garantizar que los trabajadores y las empresas estadounidenses “compitan en igualdad de condiciones”. “Las extensas negociaciones con Brasil durante el último año no han resuelto estos problemas, pero seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr los cambios tan necesarios para solucionar los problemas identificados en esta investigación”, señaló.
Tras las advertencias de funcionarios estadounidenses a principios de junio sobre la propuesta de aranceles, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó y atribuyó la decisión a consideraciones políticas, mencionando a su rival en las elecciones de octubre, el senador Flavio Bolsonaro, quien había visitado recientemente Washington y es hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una publicación en X sobre el anuncio de los aranceles que el gobierno brasileño “no negoció de buena fe” con Estados Unidos. “Sus políticas económicas son perjudiciales para los estadounidenses y para los brasileños. Durante el último año, Lula ha antepuesto su ego a un acuerdo que beneficie al pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que paga por ello”, sostuvo.
Los aranceles se imponen en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a Estados Unidos iniciar una investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil. En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de muchos de los aranceles impuestos por Trump en virtud de una legislación diferente, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. La corte determinó que el mandatario se extralimitó en sus funciones al imponer aranceles generalizados a socios comerciales de Estados Unidos, incluido Brasil.
En virtud de esa ley, Trump impuso un arancel del 50% a Brasil para protestar por el procesamiento de Jair Bolsonaro por intentar anular su derrota en las elecciones de 2022. La relación del presidente estadounidense con Lula pareció mejorar en mayo, cuando mantuvieron una reunión en la Casa Blanca.
El gobierno brasileño repudió la medida y sostuvo que no reconoce la legitimidad de las investigaciones del USTR porque no tienen respaldo en las reglas multilaterales de comercio. “No hay justificación para medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio gobierno norteamericano, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años 424.500 millones de dólares en superávit de bienes y servicios con Brasil”, expresó Lula en un comunicado.
Brasil iniciará trámites para activar la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional, y retomará el tema en el marco del mecanismo de solución de controversias de la OMC, según adelantó.