La Comunidad de Madrid aprobó la Ley 4/2026 de Caza y Pesca, que prohíbe el uso de plomo en todas las modalidades de pesca deportiva a partir del 7 de enero de 2027.
La Comunidad de Madrid aprobó la Ley 4/2026 de Caza y Pesca, publicada el 7 de julio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La normativa establece la prohibición definitiva del uso de plomos y lastres fabricados con plomo en todas las modalidades de pesca deportiva dentro de la región. El período de adaptación es de seis meses, por lo que la prohibición será obligatoria a partir del 7 de enero de 2027.
A partir de la entrada en vigor de la normativa, los pescadores deberán reemplazar todos los pesos y lastres de plomo por materiales autorizados con menor impacto ambiental. Entre las alternativas recomendadas se encuentran tungsteno, latón, acero o vidrio. Estos materiales suelen tener un costo superior al del plomo.
El plomo fue el material preferido para fabricar plomadas, lastres y cabezas plomadas debido a su bajo costo, alta densidad y facilidad de moldeo. Sin embargo, estudios científicos indican que se trata de un metal tóxico. Cada año, miles de aparejos de pesca quedan abandonados en lagos, embalses y ríos. Con el tiempo, esos elementos liberan partículas de plomo al ambiente y representan un riesgo para las aves acuáticas, que pueden confundir los pequeños plomos con semillas o piedritas que utilizan para la digestión. Al ingerirlos, sufren intoxicaciones que pueden ser fatales.
La decisión de la Comunidad de Madrid se enmarca dentro de la política ambiental de la Unión Europea para reducir la presencia de plomo en el medio natural. Las autoridades comunitarias consideran que este metal tiene un impacto sobre la biodiversidad y estiman que cientos de miles de aves acuáticas mueren cada año por envenenamiento por plomo. El bloque europeo promueve restricciones mediante el Reglamento REACH, que regula el uso de sustancias químicas peligrosas para la salud y el ambiente.
La Ley 4/2026 es el primer texto unificado de Caza y Pesca de la Comunidad de Madrid e incorpora criterios de conservación ambiental. La medida se aplica únicamente en esta comunidad autónoma. Especialistas señalaron que podría convertirse en un antecedente para otras regiones de España y de Europa.