Fernando “Narigón” Vázquez estaba bajo la lupa judicial desde 2018, pero recién fue imputado en los últimos días tras ser detenido por una causa provincial de homicidio.
ROSARIO.- Ocurrió con los jefes de la organización narcocriminal conocida como Los Monos, como también con Esteban Alvarado. La Justicia Federal siempre llega tarde, o espera que el fuero provincial abra una causa contra un narco o un homicida para hacerlo en espejo en el ámbito federal. Esa lentitud estuvo o está bajo la lupa, como sucede con el caso del exjuez Marcelo Bailaque, detenido en su domicilio con una tobillera electrónica, entre otras cosas, por corrupción y por beneficiar a Alvarado al darle tiempo, un insumo que para un criminal es muy valioso. Por lo menos demoró tres años en autorizar escuchas telefónicas contra quien era el narco más importante de Rosario.
En el caso de Fernando Sebastián Vázquez, conocido como Narigón, ocurrió algo parecido. Y desde hace unos días dejó de ser un fantasma. El Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, procesó a este narco con prisión preventiva como líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento, que contempla penas de hasta 20 años de cárcel.
El juez también trabó un embargo sobre sus bienes por apenas 4.680.000 pesos, una cifra que delata la edad del expediente: es el monto de una causa que quedó congelada en 2018, cuando Vázquez se fugó de un operativo de la Policía Federal y se convirtió en uno de los prófugos más buscados de Santa Fe. Volvió a ser visible para los investigadores a partir de su intervención en los crímenes de Andrés Pillín Bracamonte y su lugarteniente en la barra de Rosario Central Ricardo Attardo, en noviembre de 2024, que llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación de Rosario.
El procesamiento, dictado a instancias de la Unidad Fiscal Rosario a cargo de Federico Reynares Solari, cierra un círculo que tardó casi una década. La causa —expediente FRO 28847/2014— nació de una tragedia: la muerte de dos jóvenes que consumieron drogas de diseño en la fiesta electrónica de Punta Stage, en Arroyo Seco, el 1° de enero de 2017.
Una denuncia señaló entonces a un vendedor que habría ingresado las pastillas al predio donde bailaban 3200 personas, con búnkeres en el macrocentro rosarino y una cocina de drogas camuflada en una veterinaria situada en Oroño y Saavedra. A partir de las escuchas ordenadas por el entonces fiscal federal Claudio Kishimoto, la División Antidrogas de la Federal reconstruyó una red con dos núcleos: uno encabezado por Cristian “Negro” González, un hombre ligado a Los Monos que operaba los puntos de venta de Villa Moreno, y otro, más arriba en la cadena, dirigido por un tal “Seba” que abastecía de cocaína al primero. Ese proveedor era Vázquez.
Las transcripciones telefónicas que reproduce la resolución muestran el lenguaje cifrado del negocio, con las “medias remeras”, el “pescado” y las “torrejas” como unidades de medida. En una de esas conversaciones, González le reclama mercadería a “Seba” porque “me dicen todos que consiguen en otro lado más barata”. En otra, ante la presión de la vigilancia, Vázquez le advierte: “Hay que cambiar los números urgente”. La preventora documentó, además, el desfile de compradores en la casa de la pareja de Vázquez, María Laura Ríos, en Viamonte 1076, de donde González se retiraba con bolsas y cajas.
El final de esa etapa fue cinematográfico. El 9 de junio de 2018, los federales escucharon que Vázquez iba a encontrarse con su propio proveedor, Andrés Daniel Uriz, en Ferreyra y Juan B. Justo, en Arroyito. Uriz le entregó dos panes compactados de cocaína —poco más de dos kilos— a cambio de 120.000 pesos. Cuando los intervinientes advirtieron la presencia policial, Vázquez huyó en un Volkswagen Fox, lo abandonó en Leguizamón al 1000 y se esfumó. Ríos quedó detenida con la droga en el auto; Uriz, con la plata en su camioneta. El resto de la banda cayó en los allanamientos posteriores y fue condenado en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 3: González recibió 18 años de prisión, en un fallo que Casación confirmó en 2023.
Vázquez, en cambio, siguió siendo un espectro. La resolución de Vera Barros registra un detalle que retrata la impunidad de esos años: mientras estaba prófugo y con captura vigente, el Narigón nombró abogado defensor y presentó pedidos de exención de prisión, que el juzgado rechazó en 2019. Es decir: litigaba a través de sus letrados mientras el Estado era incapaz de encontrarlo.
Como publicó LA NACION, Vázquez fue durante años una figura central y a la vez inasible del mapa narco rosarino. Un mayorista que abastecía a varias bandas —tuvo vínculos con Los Monos, entre ellos con Ramón “Monchi” Machuca, y luego con la órbita de Los Menores— pero que se movía con un perfil tan bajo que ninguna investigación lo rozaba. En su casa del barrio Abasto desfilaban vendedores que se llevaban la “mercadería” en cajas. Manejaba autos de alta gama sin tener ingresos formales. Algunas fuentes atribuyen esa invisibilidad no a su astucia sino a los aportes que habría hecho durante más de una década a distintos sectores de la policía.
Su nombre volvió a la superficie por el crimen que sacudió a Rosario: la ejecución de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo, jefe y segundo de la barra de Rosario Central, el 9 de noviembre de 2024, a 150 metros del Gigante de Arroyito.
Los fiscales provinciales identificaron una Citroën Air Cross —a nombre de Alejandro Vázquez, su hermano, sin antecedentes— que trasladó a los sicarios desde el barrio 7 de Septiembre hasta las inmediaciones del estadio. Para la fiscalía, el Narigón fue quien puso a los tiradores en la escena, en el marco del reacomodamiento del negocio narco que consolidó a Los Menores en el control de la hinchada canalla.
En octubre pasado estuvo a punto de caer en un complejo termal de Victoria, Entre Ríos, pero escapó al monte después de que el comisario local ventilara la búsqueda ante los medios. Recién el 16 de junio de este año la Tropa de Operaciones Especiales lo atrapó en una casa de pasillo de Villa Gobernador Gálvez, el refugio clásico de los narcos rosarinos. La provincia ofrecía 25 millones de pesos de recompensa.
Tras ese arresto por el homicidio de Pillín Bracamonte a pedido de la Justicia santafesina, finalmente el fuero federal imputó también a Vázquez por su participación en la venta de sustancias psicoaptivas. “De acuerdo con la resolución judicial, Vázquez coordinaba el acondicionamiento, acopio, distribución y comercialización de la droga y ostentaba una posición de superioridad jerárquica que le permitía impartir directivas, administrar recursos y fijar precios dentro de la organización”, según informó el Ministerio Público Fiscal al detallar el procesamiento.
Y se agregó: “El juez federal Vera Barros consideró acreditado, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, que Vázquez ocupaba una posición de conducción dentro de una estructura narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes, bajo la modalidad de tenencia con fines de almacenamiento, distribución y comercialización. Asimismo, justificó la prisión preventiva en el riesgo de fuga evidenciado por los ocho años durante los cuales el imputado logró mantenerse evadido de la Justicia Federal”.