El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra la Resolución 813 de 2026 del Ministerio de Salud, que reglamenta la eutanasia. El tribunal analizará si el Gobierno excedió sus competencias.
El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra la Resolución 813 del 28 de abril de 2026, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que establece los procedimientos para la eutanasia y la adecuación de esfuerzos terapéuticos. La decisión, tomada por la Sección Primera del tribunal mediante un Auto Admisorio del 21 de julio de 2026, inicia el estudio de fondo sobre la legalidad del acto administrativo.
La demanda fue presentada por el concejal de Bogotá Marco Acosta, quien sostiene que el Ministerio de Salud reguló asuntos relacionados con derechos fundamentales mediante una resolución administrativa, cuando esa materia debería ser desarrollada a través de una ley estatutaria aprobada por el Congreso de la República. El magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro determinó que la acción judicial cumple los requisitos legales para proceder.
La admisión de la demanda no modifica el contenido de la resolución ni suspende sus efectos. El proceso evaluará si la Resolución 813 de 2026 respetó el marco constitucional y las competencias de las ramas del poder público. Según la demanda, la reglamentación del derecho a morir dignamente involucra derechos fundamentales, por lo que no podría ser definida mediante un acto administrativo del Ejecutivo.
Marco Acosta afirmó que el estudio del Consejo de Estado permitirá revisar si el Gobierno actuó dentro de los límites legales. “Acudimos a la justicia porque ninguna entidad del Ejecutivo puede sustituir al legislador ni modificar el alcance de derechos fundamentales mediante una resolución administrativa”, declaró. El demandante agregó: “Confiamos en que el Consejo de Estado realice un estudio riguroso que garantice el respeto por la Constitución, el Estado de Derecho y la protección de la vida”.
Durante el trámite, el Ministerio de Salud podrá presentar argumentos y documentos para sustentar la legalidad de la resolución. Tras las etapas procesales, el Consejo de Estado emitirá una decisión definitiva sobre la legalidad de la reglamentación de la eutanasia y la adecuación de esfuerzos terapéuticos.