El presidente Pedro Sánchez retomó su propuesta de pacto de Estado tras los incendios de 2026, pero el PP y otros partidos la rechazaron. El plan del PP con 50 medidas tampoco prosperó.
España enfrenta cada verano incendios forestales que, según datos oficiales, han calcinado más de 150.000 hectáreas en 2026. El último gran incendio, originado en Burgohondo (Ávila), arrasó cerca de 50.000 hectáreas, el mayor registrado en el país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso en agosto de 2025 un pacto de Estado sobre el clima tras los incendios en Castilla y León, que afectaron 143.880 hectáreas. Sánchez declaró: “La España sensata, vote lo que vote, exige el pacto”. El presidente de Castilla y León, Alfonso Mañueco, refrendó la propuesta: “Todos estamos expuestos a ellos, por eso debe tratarse como un asunto de Estado”.
El plan del Ejecutivo incluía fondos permanentes, mayor coordinación entre administraciones, programas de formación ciudadana y un plan de respuesta nacional contra la sequía. El texto fue debatido en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, pero fue rechazado por el PP y Vox, que lo calificaron de “cortina de humo” para ocultar casos de corrupción. ERC, Junts, PNV y Bildu también lo declinaron, argumentando que suponía “una ocasión más de recentralizar y de pisar nuestras competencias”.
Ese mismo año, el PP presentó un proyecto alternativo de 50 medidas, que incluía más ayudas a los afectados, reforzar la UME, exenciones fiscales y un registro de pirómanos. El plan nunca llegó a debatirse en el Congreso.
Tras los incendios de 2026 en Almería (13 fallecidos), Madrid, Ávila y Toledo, Sánchez retomó la propuesta. El portavoz del PP, Borja Sémper, afirmó: “Fueron ignoradas [las propuestas] y las votaron en contra. Que no hagan como que el PP no propone nada”. Sémper no respondió sobre un posible pacto, señalando que la prioridad era salvar vidas y extinguir los fuegos.
El Gobierno anunció que la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentará un plan para crear una red de refugios climáticos, y que prevé medidas contra la desinformación climática.