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El legislador Oscar Agost Carreño (PRO) busca reemplazar el registro provincial de antecedentes por el sistema nacional, tras la detención de un asesor del legislador peronista Ramón “Cañito” Flores.
La detención de un asesor del legislador peronista Ramón “Cañito” Flores en una causa judicial reavivó en Córdoba el debate sobre los mecanismos de selección y control del personal del Poder Legislativo. En ese contexto, el legislador Oscar Agost Carreño (PRO) impulsa un proyecto de ley para reemplazar el actual registro provincial de antecedentes por el sistema nacional y ampliar la información disponible sobre quienes ingresan al Estado.
La Secretaría Administrativa de la Unicameral dispuso la actualización y verificación de documentación en los legajos de todos los funcionarios del Poder Legislativo. La medida establece que, además del Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, deberá presentarse el certificado expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba. Ambos certificados deberán actualizarse cada seis meses.
Agost Carreño sostuvo que el mecanismo dispuesto por la Unicameral no resuelve el problema de fondo. “Ahora piden a todos los empleados de la Legislatura certificado de antecedentes. Pero en ese certificado no va a salir si hay imputaciones y podemos caer en la misma situación que el caso Claudio Barrelier en la Municipalidad”, afirmó.
El caso Villarreal y el antecedente Barrelier
José Aníbal Ricardo Villarreal, asesor contratado por el legislador Flores, se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje. Está imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming, en una investigación por hechos que habrían afectado a tres adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco. Al conocerse su arresto, Flores y el bloque oficialista resolvieron dar de baja su contrato.
El episodio se suma al caso de Claudio Barrelier, que generó cuestionamientos sobre los controles de antecedentes en el ámbito municipal. Para Agost Carreño, ambos episodios exhiben una misma falla: la ausencia de un sistema que permita conocer no solo condenas o antecedentes penales firmes, sino también la existencia de imputaciones y causas judiciales en trámite.
“Hace meses presenté un proyecto de ley para derogar el registro provincial, usar el sistema nacional y que allí los fiscales y jueces deban cargar imputaciones, elevaciones a juicio y condenas”, indicó.
Una única base y más información
El proyecto de Agost Carreño propone la sustitución integral de la norma provincial 8.691 y el reemplazo del actual registro por un régimen articulado con el Registro Nacional de Reincidencia, creado por la ley nacional 22.117. De este modo se busca concentrar la información y garantizar su interoperabilidad con el sistema nacional.
La iniciativa plantea que la información sobre antecedentes penales esté disponible de manera inmediata, continua y segura para las autoridades judiciales, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y los demás organismos legalmente habilitados. El eje político del proyecto está puesto en ampliar el universo de información que actualmente surge de los certificados de antecedentes: se propone que también queden registradas de manera sistemática las imputaciones y las elevaciones a juicio, además de las condenas.
Según el planteo de Agost Carreño, la dispersión de información entre distintos registros genera demoras y vacíos que dificultan el acceso oportuno a datos relevantes. Su proyecto busca avanzar hacia una base integrada que permita consultar esa información de manera más rápida. Además, sostiene que la utilización del sistema nacional permitiría reducir costos para la Provincia. “Para la provincia es gratis y se ahorra recursos que pueden salir a patrullar”, argumentó.
Cambiar el sistema
El debate abierto por Villarreal vuelve a colocar la lupa sobre los mecanismos de contratación de asesores y sobre qué información debe estar disponible cuando una persona pretende ingresar a trabajar en el Estado. Según Agost Carreño, limitar el control a un certificado de antecedentes penales puede resultar insuficiente si las imputaciones o las causas en trámite no aparecen reflejadas.
“Así, para entrar a trabajar al Estado o una empresa, no se escapa ningún antecedente penal”, planteó el legislador. La Legislatura ya respondió al caso Villarreal con una actualización de los controles sobre sus funcionarios. El PRO busca que esa reacción derive en una reforma estructural del sistema. “Basta de atajos, cambiemos el sistema por uno que funcione de verdad”, enfatizó el jefe de la bancada PRO en la Unicameral cordobesa.