El hallazgo de un correo electrónico impreso en octubre de 2023 derivó en el procesamiento de tres empleados de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) por cohecho pasivo y violación de secretos. La investigación reconstruyó un esquema de pagos a través de Western Union por parte de proveedores extranjeros.
En octubre de 2023, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos, Marcelo Alejandro Bertorello, encontró en la sede gremial dentro de FAdeA una copia impresa de un correo electrónico del año 2020. Ese documento dio inicio a una investigación que culminó con el procesamiento de tres empleados de la fábrica estatal de aviones por cohecho pasivo y violación de secretos.
El Juzgado Federal de Córdoba 2, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, dictó el procesamiento de Gustavo Luis Alonso Ferrero, María Carolina Villarruel y César Augusto Francés. Los tres enfrentan cargos por cohecho pasivo; Alonso Ferrero y Villarruel también fueron procesados por violación de secretos, en concurso real con el delito de recepción de coimas.
El correo hallado en el sindicato
La causa se originó por una denuncia de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación. El expediente tomó impulso a partir del hallazgo fortuito del correo impreso, que desencadenó auditorías internas en la empresa. La investigación incluyó el secuestro de equipos informáticos, lo que permitió reconstruir el circuito de comunicaciones entre los proveedores y el área de Compras.
El contenido del correo de K1 Technologies
Entre la documentación figura un correo electrónico enviado el 13 de marzo de 2020 por Fernando De Souza Rossi, entonces gerente de Ventas para América Latina de la firma estadounidense K1 Technologies Inc., proveedora de insumos de defensa. El mensaje estaba dirigido a Gustavo Luis Alonso Ferrero y contenía una propuesta de pago a cambio de que el empleado de FAdeA enviara cotizaciones de la competencia y revelara el «precio objetivo».
En el correo, De Souza Rossi detalló un esquema de comisiones con dos escalas: 1% para pedidos de hasta 50.000 dólares y 2% para montos superiores. Para instrumentar el pago, propuso transferencias a través de Western Union, argumentando que ese método «no deja rastro».
Las transferencias por Western Union
La investigación acreditó que Alonso Ferrero, analista de Compras de FAdeA, cobró entre 2020 y 2023 un total de 20 transferencias internacionales enviadas desde Denver, Colorado, por Michelle Gorman, CEO de K1 Technologies, por un total de 12.000 dólares. La compradora María Carolina Villarruel recibió una transferencia de 550 dólares de parte de Gorman en julio de 2021.
El esquema con el Laboratorio Integral Aeronáutico
Un segundo grupo de hechos involucra a César Augusto Francés, jefe del Área de Compras Productivas de FAdeA, y a la empresa Laboratorio Integral Aeronáutico S.R.L. Según la causa, Francés recibió al menos seis transferencias de dinero de los gerentes de esa firma, Román Ezequiel Balo y Javier Carlos Pelagaggi, por un total de 252.271 pesos entre 2020 y 2021. Las remesas fueron enviadas desde Morón, provincia de Buenos Aires, y retiradas por Francés en sucursales de Western Union en la ciudad de Córdoba.
Proveedores sin cargos penales
Los ejecutivos que pagaron las coimas (Gorman, De Souza Rossi, Balo y Pelagaggi) no enfrentan cargos penales. La acción en su contra se extinguió después de que la Justicia homologara propuestas de reparación integral del daño. El juez Sánchez Freytes aclaró que ese acuerdo no implica la inexistencia de los hechos, y que las transferencias documentadas mantienen validez como prueba de cargo contra los exfuncionarios de FAdeA.
Declaraciones de los acusados
Alonso Ferrero negó los hechos de manera genérica, pero se abstuvo de declarar. Villarruel también optó por el silencio. Francés prestó declaración activa: negó haber cobrado coimas y sostuvo que las compras al Laboratorio Integral Aeronáutico se debían a que la firma era un proveedor con «exclusividad o único referente», con habilitaciones técnicas reguladas por la ANAC y la DIGAMC. El juez consideró que esa postura «no aparece sincera», al no poder Francés explicar el origen de las seis transferencias recibidas.
Alonso Ferrero fue procesado por 20 hechos de cohecho pasivo y violación de secretos, con un embargo de 20.000.000 de pesos. Villarruel fue procesada por un hecho, con embargo de 2.000.000 de pesos, y Francés por seis hechos, con embargo de 1.000.000 de pesos. A los tres se les mantuvo la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país. La causa avanza hacia la etapa de juicio oral.