La Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales Peligrosos de Estados Unidos determinó que California no puede hacer cumplir la Ley del Senado 1280, que prohibía la venta de cilindros de propano desechables a partir de 2028. La decisión responde a una impugnación de Worthington Enterprises y genera posturas encontradas entre funcionarios federales y estatales.
La Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales Peligrosos (PHMSA), dependiente del Departamento de Transporte de Estados Unidos, emitió una decisión que impide a California aplicar su exigencia de cilindros de propano reutilizables. La medida estatal, conocida como Ley del Senado 1280 y aprobada en 2024, buscaba prohibir a partir de 2028 la venta de cilindros de propano no recargables de aproximadamente 0,45 kilogramos (una libra), utilizados en estufas portátiles, linternas y calentadores para actividades al aire libre.
La decisión de la PHMSA se produjo tras una impugnación presentada por Worthington Enterprises, fabricante de los recipientes comercializados bajo las marcas Coleman y Bernzomatic. La empresa argumentó que la norma impone un requisito estatal independiente sobre el diseño y la fabricación de cilindros regulados por normas federales, según informó CBS News Sacramento.
El fiscal general de California, Rob Bonta, rechazó el planteamiento de Worthington y sostuvo que el estado puede exigir cilindros reutilizables sin vulnerar las normas federales. La PHMSA coincidió con la empresa y consideró que la regulación contradice el objetivo del gobierno federal de mantener requisitos uniformes para el transporte de sustancias peligrosas. La orden impide que el estado haga cumplir el requisito mientras permanezca vigente la declaración federal de preeminencia.
En un comunicado, la agencia calificó la prohibición de “radical” y la declaró ilegal. Según la PHMSA, ante la aplicación de la ley estatal “los campistas en California se verían obligados a comprar alternativas más caras y pesadas”. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, declaró: “Los ecologistas radicales de California no saben cuándo parar. Afortunadamente, esta administración se dedica a mejorar la calidad de vida de los estadounidenses, incluidos los californianos, por lo que estamos protegiendo fuentes de combustible rentables como los cilindros de propano”. Por su parte, el administrador de PHMSA, Paul Roberti, afirmó: “Mientras que el liderazgo radical del estado impulsa regulaciones onerosas que aumentan los precios y limitan la libertad de elección del consumidor, la administración Trump está simplificando los trámites burocráticos y protegiendo a las familias estadounidenses de leyes innecesarias”.
Autoridades de California y organizaciones ambientalistas advierten que desechar estos cilindros en la basura supone riesgos tanto para la seguridad como para el medio ambiente. El Consejo de Administración Responsable de Productos de California estima que en el estado se venden entre 4 y 7 millones de cilindros desechables al año. Según datos citados por CBS News Sacramento, apenas una cuarta parte se recicla. El procesamiento de los contenedores usados requiere maquinaria especializada, pero muchos terminan en plantas de tratamiento de residuos.
Doug Kobold, director ejecutivo de esa organización, explicó: “Provocan explosiones en nuestras plantas de recuperación de materiales y en nuestros vertederos. Por lo tanto, representan un peligro para los trabajadores”. La propuesta, explicó Kobold, no buscaba eliminar el uso de propano, sino promover recipientes recargables similares a los tanques de 9 kilogramos (20 libras) utilizados en parrillas domésticas, precisó CBS News Sacramento. En California ya se comercializan recipientes reutilizables de pequeño formato y operan programas de intercambio de cilindros vacíos por otros cargados, reportó San Francisco Chronicle.
El senador estatal John Laird, autor de la Ley del Senado 1280, calificó la decisión federal como “desastrosa para nuestro medio ambiente”, según declaraciones recogidas por San Francisco Chronicle. La oficina de Bonta informó que está al tanto de la decisión de PHMSA y que evalúa las medidas disponibles. Asimismo, Kobold sostuvo que los defensores llevan años dedicados a resolver los problemas de residuos y seguridad vinculados a los cilindros, y anticipó que la lucha continuará. “Pasamos años intentando implementar leyes que tengan sentido y mejoren la vida de los ciudadanos de California. En la mayoría de los casos, es una maratón, no una carrera de velocidad”, aseguró.