El exjefe de Gabinete solicitó una prórroga para responder al requerimiento fiscal que detectó una veintena de inconsistencias en sus declaraciones juradas. La defensa pidió más tiempo para presentar documentación.
La fiscalía habría detectado una veintena de inconsistencias en el patrimonio de Manuel Adorni, exvocero presidencial y exjefe de Gabinete, y le requirió explicaciones y documentación sobre diversos movimientos patrimoniales. Su defensa solicitó una prórroga, según se conoció en los últimos días.
Adorni tiene derecho a defenderse, a presentar documentos y a demostrar que cada peso que gastó y cada dólar que incorporó a su patrimonio tienen un origen lícito. Será la Justicia la que deberá decidir si cometió algún delito.
Entre las operaciones mencionadas en informaciones periodísticas figuran compras de inmuebles, operaciones hipotecarias, refacciones en una casa de descanso, vacaciones familiares en Aruba, un viaje a Uruguay en avión privado y consumos y gastos cuya magnitud despertó interrogantes acerca de su correspondencia con los ingresos conocidos del funcionario y su esposa. Tales revelaciones originaron una investigación judicial.
Cuando compareció ante el Congreso, Adorni sostuvo que no había ocultado patrimonio. Poco después reconoció públicamente que él y su esposa habían mantenido fuera de sus declaraciones alrededor de medio millón de dólares. Explicó que se trataba de ahorros obtenidos antes de ingresar al Gobierno, parte de ellos mediante inversiones en criptomonedas, y admitió que durante años habían ahorrado dinero sin declararlo. Posteriormente, rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024.
El 27 de junio, Adorni abandonó la Jefatura de Gabinete mientras insistía en que no había cometido delito alguno y que demostraría su inocencia ante la Justicia.
Ahora, según el requerimiento fiscal conocido en estos días, quedan explicaciones pendientes. La Justicia quiere documentación. Adorni pide tiempo para aportarla.
El caso plantea un debate sobre los estándares aplicables a los funcionarios públicos más allá de lo estrictamente penal. No todo lo que no constituye delito resulta aceptable, y no hace falta que un juez declare culpable a un funcionario para que los ciudadanos puedan preguntarse si estuvo a la altura de las reglas que él mismo reclamaba para los demás.
Adorni podrá explicar las veinte inconsistencias. La Justicia determinará si hubo delito. Pero hay una explicación que no corresponde pedir a un juez: la contradicción entre lo que exigió a los demás y su propia conducta.